El ladrillazo llega de nuevo a los montes públicos. El Gobierno ha dado luz verde a la nueva Ley de Montes, cuyo texto se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 9 de febrero, que introduce reformas como la posibilidad de construir en los montes quemados o la retirada de las atribuciones que tienen los más de 6.400 agentes forestales para vigilar, investigar y llevar a los tribunales los delitos ambientales, entre otras novedades.
“El PP ha trabajado rápido estos cuatro años. En materia medioambiental, [Miguel Arias] Cañete y ahora la ministra [Isabel García] Tejerina han sido capaces de cargarse toda una legislación ambiental protectora con más de 20 años de trayectoria por una serie de leyes desreguladoras que eliminan ‘las trabas ambientales’: la Ley de Costas, la Ley de Parques Naturales, ahora la Ley de Montes y todavía falta otra antes de que acabe la legislatura, la Ley de Patrimonio Natural. No es un accidente, es la línea de este Gobierno de desregularizar y privatizar”, afirma Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción.
Sin policía ambiental
Pero la Ley de Montes acaba también con las competencias que desde hace años tienen los agentes forestales, que dejan de ser “agentes de la autoridad” para denunciar delitos ambientales. Sólo podrán denunciar infracciones administrativas, según el artículo 58 de la nueva normativa. “Esta ley dice ahora que no tenemos que redactar atestados y que pasamos a ser auxiliares de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se elimina nuestra condición de funcionarios. Se nos humilla y se nos degrada. Esto no estaba especificado en el borrador de la ley que se publicó hace meses. Además, son modificaciones que se han introducido sin exposición pública y se nos priva del derecho a presentar alegaciones”, explica a Diagonal Luis Díaz, presidente de la Asociación Española de Agentes Forestales.
A esta modificación de la Ley de Montes se oponen todos los grupos ecologistas, sindicatos y los colegios profesionales de biólogos e ingenieros forestales. “También tenemos el compromiso de todos los grupos políticos de la oposición de anular la ley en la próxima legislatura”, explica Díaz.
Funcionarios sin jerarquías
Sobre la calidad del trabajo de estos agentes medioambientales, Oberhuber señala: “Son profesionales independientes que conocen y vigilan el campo. Esta medida es un ataque a su trabajo. Molestan porque tocan a los amigos del Gobierno”. Por su parte, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo agradece en sus informes anuales la profesionalidad de los atestados de estos agentes.
Sin el trabajo de los agentes forestales y medioambientales no se hubieran destapado casos que la Administración ha pasado por alto, como la construcción ilegal de un chalet en el Parque Nacional de Cabañeros del empresario Alejandro Aznar y la presidenta del círculo de empresarios, Mónica Oriol (sobrina de un ministro de Franco), que además se han construido dos campos de polo en otra finca de su propiedad situada en un espacio protegido del Parque Regional del río Guadarrama. Los agentes también han denunciado hechos como el cierre de una vía pecuaria por parte del hermano de Esperanza Aguirre en El Escorial.
Los agentes forestales y medioambientales son los responsables de luchar contra los incendios, las construcciones ilegales, envenenamiento de especies, caza furtiva, maltrato animal, expolio arqueológico, cierre de caminos públicos y vías pecuarias, vertidos, vallados ilegales, etc. “Nosotros nos debemos a la naturaleza, al artículo 45 de la Constitución que dice que el ciudadano tiene derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado”, dice Díaz. Los agentes medioambientales luchan contra los incendios, construcciones ilegales, caza furtiva, expolio arqueológico, cierre de vías pecuarias y vertidos, entre otros delitos
Con la nueva Ley de Montes no van a poder denunciar delitos ambientales (delitos penales), algo que sólo podrá hacer el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que cuenta con cinco veces menos efectivos. “No tenemos nada contra la Guardia Civil, trabajamos de forma coordinada. Los sindicatos de Policía y Guardia Civil se oponen también a la Ley de Montes. Pero la diferencia es que los agentes forestales y ambientales no tenemos jerarquías”, señala Díaz. Los miembros del Seprona dependen del permiso de sus superiores para denunciar un delito, y en muchos casos las denuncias se paralizan antes de que salgan a la luz por una llamada de teléfono.
Según el naturalista Joaquín Araújo esta ley es una vuelta al pasado, representa una “semimilitarización [del campo] bajo los cuerpos armados del Estado. Es un retroceso al primer franquismo”.
Además, los agentes forestales advierten de que esta Ley de Montes es el primer paso para privatizar la seguridad en el campo e introducir guardas jurados privados, como ya ha ocurrido en ministerios y otros lugares públicos. Al frente de algunas de esas empresas de seguridad privada se encuentran los hermanos Mayor Oreja (PP), e incluso el ministro de Defensa presidió en 2011 una empresa de seguridad privada a la que ha dado contratos públicos desde su ministerio.
Para el portavoz de los agentes forestales y ambientales la Ley de Montes del PP les retira sus funciones como agentes de la autoridad en los delitos ambientales porque “en los últimos años hemos denunciado a poderosos, a grandes empresas, como las eléctricas o bodegas de cava, y a propietarios de grandes fincas, algunas de familiares de políticos… Lo que quieren es que nos dediquemos a perseguir al ciudadano de a pie: al pequeño cazador que igual le va a caducar la licencia. Que estemos detrás de ese tipo de infracciones, pero los delitos verdaderamente graves de ricos y terratenientes que no los llevemos a los tribunales. Es una ley hecha a medida”, concluye Díaz.
Fuente: Diagonal nº 241