Los funcionarios de la Junta de Castilla y León se verán obligados a desempeñar tareas que no correspondan a su puesto de trabajo si así lo que requiere el servicio. Esta es la principal novedad del anteproyecto de Ley para la reforma de la Administración de Castilla y León que ha presentado a la sociedad el Gobierno regional para que diferentes colectivos y particulares hagan sus propuestas.
El cambio supone de golpe dar más flexibilidad a la hora de organizar el trabajo en los diferentes centros y departamentos, aunque el proyecto también recoge que las labores que se encarguen al empleado público tienen que ajustarse a su nivel.
En concreto, el anteproyecto añade un nuevo artículo a la Ley 7/2005 de la Función Pública, el 56 bis, que reza que “se podrá atribuir a los funcionarios el desempeño de funciones, tareas o responsabilidades distintas a las que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen siempre que resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría”. El artículo especifica que la atribución se limitará a los supuestos “en que las necesidades del servicio lo justifiquen” para la realización de tareas que no estén asignadas específicamente a los puestos incluidos en las relaciones de puestos de trabajo, u otras que por causa de su “mayor volumen temporal u otras razones coyunturales” no puedan ser atendidas con suficiencia.
Lagacetadesalamanca.es 25.03.14