Esta normativa, basada en la confidencialidad, descansaría en el desarrollo de un marco de protección jurídica para los funcionarios y empleados públicos que denuncien presuntas «tramas de corrupción e irregularidades» dentro de las administraciones, ha explicado el portavoz de Ciudadanos (C’s), Luis Fuentes.
La propuesta también garantiza la protección de los gestores públicos frente a potenciales denuncias falsas por parte de los trabajadores, quienes deberán asumir su responsabilidad siempre que que quede probado esa falsedad, según la aportación realizada por el Grupo Popular a la propuesta de C’s.
Esta medida «puede resultar muy beneficiosa para combatir la corrupción política», es síntoma de una «sociedad avanzada» y Castilla y León «tiene la oportunidad de liderarla» a escala nacional, ha esgrimido Fuentes antes de recordar otro de los puntos contenidos en ella: que la Junta la desarrolle en el ámbito autonómico «en el plazo máximo de un año».
Durante el debate previo a la votación, todos los grupos parlamentarios excepto el PP han expresado sus reticencias respecto a la responsabilidad del funcionario en caso de que la denuncia finalmente no se ajuste a la realidad, lo que a su juicio redundaría en el temor de los trabajadores a formular denuncias.
Luis Briones (PSOE) lo ha considerado como una «verdadera agresión» y una «medida de coacción contra los empleados públicos», que en ese caso podrían enfrentarse a penas de tres años de prisión.
Para Luis Mariano Santos (UPL), se trata de un «debate tramposo» porque en cierto modo «arroja una sombra de duda» sobre el denunciante hasta llegar a «criminalizarlo», cuando los funcionarios «no son el problema sino la mala praxis administrativa» cimentada con frecuencia en el «despilfarro y la mala gestión».
José Sarrión (IU) ha opinado de similar manera al considerar que la enmienda del PP no hace sino «proyectar una sombra de desconfianza» hacia los empleados públicos, por lo que se ha mostrado partidario de suprimir el «régimen sancionador» dentro de esa propuesta.
La iniciativa ha prosperado con los votos del PP y C’s frente a los negativos de UPL e IU y la abstención de toda la bancada socialista.
Fuente: Lavanguardia.com