La Plataforma en Defensa de lo Público formada por funcionarios de la Junta de Castilla y León se ha manifestado hoy en Valladolid para expresar su total oposición a la Ley de Protección al Empleado Público Denunciante que se votará en la Cortes el próximo miércoles y que no dudan en calificar como “Ley Mordaza del Gobierno Herrera”.
“Es una segunda ley mordaza aplicada a los funcionarios y empleados públicos de la Administración de la Junta de Castilla y León, ya que realmente no solo no protege a quien denuncie presuntas irregularidades o derroches del dinero público, sino que se le puede castigar severamente si las sospechas se demuestran infundadas”, indican los portavoces de Pladepu que instan a todos los partidos politicos a votar no a esta Ley en el parlamento regional.
Según explican, “en un ejercicio de cinismo político sin precedentes, la Junta de Castilla y León pretende aprobar una Ley para amordazar más a los empleados públicos y asegurarse que un empleado público no se atreverá a denunciar la corrupción existente en esta Administración, pero la vende como si fuera una medida contra la corrupción y a favor de los funcionarios, cuando es todo lo contrario”.
Este Proyecto de Ley de garantías para los empleados públicos informantes determina que será la Inspección General de Servicios el Órgano que tramitará las denuncias de corrupción que se produzcan dentro de la Administración. “¿Qué tomadura de pelo es esta? ¿Cómo un órgano que depende jerárquica y funcionalmente de un Consejero de la Junta de Castilla y León, cuyo máximo responsable es nombrado a dedo por este Consejero, puede encargarse de las denuncias de corrupción contra ese Consejero u otros Consejeros de la Junta de Castilla y León? ¿Qué garantías son estas para el denunciante?”, se preguntan los funcionarios antes de recordar que que estos días, un exconsejero de la Junta de Castilla y León, Jesús Merino, está sentando en el banquillo de la Gürtel acusado de cobrar mordidas en contratos públicos.
“¿Por qué la nueva Ley exige que las denuncias lleven el nombre y apellidos de los denunciantes, pero no contempla ayudas jurídicas, médicas, psicológicas y económicas para estos? (Muchos denunciantes se ven envueltos en costosos procedimientos judiciales a raíz de sus denuncias). El hecho recogido en el Proyecto de Ley de que las garantías contra los denunciantes terminan el día que se sustancien las actuaciones es otra broma de mal gusto de esta Ley. Tampoco la Ley ampara a los familiares de los denunciantes. ¿Por qué la Ley no recoge un seguimiento en el tiempo de la situación laboral del denunciante y de sus familiares? ¿Por qué la nueva Ley recoge sanciones para los denunciantes y no para las personas que persigan a los denunciantes, o revelen las denuncias o información comprometida a los denunciados?”, son otras de las preguntas que plantean los funcionarios.
“Desde que se publicó el primer texto del anteproyecto inicial, nos hemos reunido con los partidos de la oposición para aclarar las cuestiones que deberían incluirse y excluirse durante la tramitación del proyecto. Sin embargo, en vez de promover una ley garantista para el empleado público denunciante, el análisis del texto definitivo nos hace concluir que esta ley va a empeorar la situación actual”, explican antes de sentenciar que «El Proyecto de Ley de garantías a los informantes denunciantes se ha tramitado con el rechazo frontal de la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU) por considerar que eliminará los pocos recursos que tienen los empleados públicos a la hora de denunciar malgasto de recursos o bienes público”s.
PLADEPU expresa su total oposición a esta ley por considerarla una «segunda ley mordaza» aplicada al personal de la Administración de la Junta de Castilla y León. “Es una ley nada garantista que no solo no protege a quien denuncie presuntas irregularidades o derroches del dinero público, sino que le puede aplicar todo el peso de la ley en caso de que sus sospechas se demuestren infundadas”, opinan.
Pladepu ha sido pionera a nivel de todo el estado en promover un sistema de protección al empleado publico denunciante. Uno que haga realmente efectivo su derecho (y deber) de denunciar irregularidades.»
En la anterior votación del 10 de octubre, tan solo Izquierda Unida se posicionó en contra de esta ley, que continuó su tramitación con los votos a favor del PP y la abstención del resto de fuerzas políticas representadas en las Cortes de Castilla y León.
De cara a la votación decisoria que se va a efectuar el próximo miércoles 26 de octubre en las Cortes de Castilla y León de la Ley por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes, Pladepu insta a todos los partidos de la oposición a votar no. “La única opción frente a este engendro de ley es tirarla abajo y comenzar un nuevo texto de cero, puesto que de aprobarse esto, se amordazará definitivamente a los trabajadores/as de la administración”, resumen.
Fuente: ultimocero.com