El articulado ha sido aprobado con los apoyos del Grupo Popular y la abstención del resto de grupos de la oposición, excepto el representante de IU-Equo, José Sarrión, que ha votado en contra.
Fuentes parlamentarias que han participado en la Comisión de la Presidencia que ha abordado esta ley han explicado a Efe que únicamente han prosperado tres enmiendas del PSOE (1) y Ciudadanos (2), en el sentido de delimitar más los casos en que el propio funcionario pueda ser sancionado cuando su denuncia no acabe en hechos probados.
Para el Pleno quedarán vivas, a la espera de próximas negociaciones, unas cuarenta enmiendas de la oposición -IU-Equo 16, PSOE 12, Podemos 5, UPL 5 y Ciudadanos 4-, aunque el portavoz del PP, Juan José Sanz Vitorio, ha confiado en alcanzar acuerdos sobre algunas de ellas.
El representante del PSOE en esta comisión, Luis Briones, ha explicado que su grupo mantiene todavía para cuando se debata en el Pleno de las Cortes una docena de enmiendas que buscan principalmente una mayor protección para los funcionarios que alerten de irregularidades, ya que tal y como está redactada actualmente la norma puede repercutir en que el miedo a una sanción administrativa impida las denuncias.
En el mismo sentido, el procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel ha agradecido la aceptación de un matiz para que la Junta sólo se plantee sancionar a los funcionarios cuando quede acreditado que exista mala fe al denunciar hechos que finalmente no resulten probados.
Sin embargo, Mitadiel ha añadido que lo que defenderá ante el Pleno y ha sido rechazado por ahora por el PP es que las sanciones administrativas contra los responsables de los hechos denunciados por los funcionarios no sean únicamente los delitos, sino también irregularidades o actos contra el interés público de la Administración.
Por su parte, el representante de IU-Equo, José Sarrión, se ha quejado a través de un comunicado de que sus 17 enmiendas al texto hayan sido rechazadas, entre otras una que pedía que las denuncias sean gestionadas por el Comisionado de la Transparencia que depende del Procurador del Común, y se ha quejado de que el PP no haya suprimido la consideración de falta grave la presentación de informaciones que carezcan de fundamento.
Para Sarrión, este matiz «inutiliza esta ley y le da la vuelta, convirtiendo al informante en investigado, cuando el ordenamiento jurídico español ya sanciona la acusación y denuncia falsas».
El portavoz del PP ha opinado que la oposición pretende con algunas de estas afirmaciones «desvirtuar el objetivo de la ley», ya que lo que se busca es frenar las denuncias «con mala fe» y dejar sin sanción aquellos casos en los que no pueda demostrarse «fehacientemente» que hay mala intención en la denuncia.
El proyecto de ley fue aprobado por la Junta de Castilla y León el pasado mayo y está previsto su debate en el Pleno en lo que resta de periodo de sesiones, a través de un compromiso entre el Grupo Popular y el Grupo Ciudadanos, que pactaron su elaboración tras la aprobación de una proposición no de ley anterior.
Fuente: Lavanguardia.com