Entre las principales novedades de la Ley, que prevé un ahorro de 280 millones de euros, el consejero ha destacado la posibilidad de una rebaja del 50 por ciento por el pronto pago -antes de 30 días– de las multas que ponga la Administración, una medida que, según ha aclarado, no va a afectar en ningún caso a los ingresos de la Junta ya que las sanciones no tienen finalidad recaudatoria y representan, además, menos del 0,01 por ciento del total.
Desde el Grupo Socialista, su viceportavoz, Ana Redondo, ha cargado contra una norma que favorece, a su juicio, la desprofesionalización de la Administración, la «concentración avariciosa» de decisiones políticas en unas pocas manos y la pervivencia de la ‘administración b’ y de la discrecionalidad de las «famosas bufandas» a lo que ha añadido la «opacidad» en la toma de decisiones camuflada en el tranpantojo del Gobierno Abierto, al que se ha referido como una coartada perfecta de falsa transparencia.
‘ESTIVALIDAD Y ALEVOSÍA’
Redondo, que ha defendido las 86 enmiendas parciales de su grupo que se han mantenido vivas para el debate, ha lamentado la «estivalidad y alevosía» con la que se ha tramitado el texto en las Cortes para dilatar los plazos sin voluntad de acuerdo y ha advertido del peligro de «opacidad» y de «vulneración» de la «necesaria participación ciudadana» con un espíritu, además, de someter la Función Pública a un mayor control «con una clara tendencia privatizadora».
«No hay nada más simple que el autoritarismo, uno manda y otro obedece», ha resumido Redondo, para quien esta Ley va en contra de los propios actos de la propia Junta en un «acto de incoherencia» al crear, a modo de ejemplo, una Comisión de la Juventud o el Consejo Asesor de la Mujer que ahora hace desaparecer y que serán sustituidos por otros consejos «en una inseguridad jurídica de dudosa legalidad».
«Sus enmiendas no mejoran nada y sólo plantean supresiones o que en nada mejoran el proyecto», ha aclarado el procurador ‘popular’ Salvador Cruz, quien, tras acusar al PSOE de falta de voluntad de consenso porque en la Ley no hay réditos políticos, ha ironizado sobre la estivalidad que ha presidido la actuación de Redondo en los meses de julio y agosto -en referencia a los movimientos de la socialista en torno a los problemas internos de su partido–.
Como también ha defendido el consejero de la Presidencia, Cruz se ha mostrado convencido de que con esta Ley Castilla y León sigue a la vanguardia de las reformas y lejos del inmovilismo del que hace gala, a su juicio, el PSOE, al que ha pedido que se lo haga mirar y cambie de actitud en su proceso de renovación interna.
Desde el Grupo Mixto, su portavoz, José María González, que ha defendido 36 enmiendas, ha advertido de que la Ley disminuye la seguridad jurídica y apunta a recortes de la participación de los ciudadanos y de los empleados públicos en la negociación en una «degeneración democrática» en la que ha faltado la voluntad de acuerdo en un efecto ‘bulldozer’. «Salió del horno de la Junta con la intención de que ese proyecto de ley fuese la Ley de la Comunidad», ha lamentado González,quien se ha declarado «inmovilista y atrincherado» en defensa de lo público y de la calidad para no seguir «el rayo iluminador que viene más allá del Guadarrama».
Por su parte, el leonesista Alejandro Valderas ha propuesto poner al día el número de entes de la Junta y uniformizar el procedimiento de creación y de eliminación de los mismos y ha advertido de que mantendrá algunas de sus sugerencias cuando se aborde la reforma del Reglamento de las Cortes.
LA LEY
La Ley de Medidas para la Reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, que modifica 44 normas para la ejecución y desarrolla las 65 medidas fijadas por el Ejecutivo el pasado mes de enero, se estructura en tres bloques sobre recursos humanos, simplificación y organización de la administración.
Así, las referentes a recursos humanos buscan regular y mejorar las posibilidades de hacer frente a las necesidades temporales de personal, simplificar las funciones del Consejo de Función Pública y simplificar la tramitación y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo -RPT- y plantillas que se realizará por acuerdo de la Junta y no por decreto, como hasta la fecha.
Por su parte, las medidas de simplificación eliminan el dictamen preceptivo del Consultivo en Ley de Presupuestos y en decretos meramente organizativos; prevén la manera de hacer pública la validez de autorizaciones de juego de otras administraciones en aplicación de Ley de unidad de mercado mientras que en procedimientos de gestión presupuestaria no se exigirá informe previo, sino comunicación posterior, de la Consejería de la Presidencia para modificaciones presupuestarias que afecten a entidades locales y las modificaciones presupuestarias de los consejeros se contabilizarán en tres días.
Las medidas organizativas se estructuran en cuatro niveles y contemplan que los Servicios Jurídicos de la Junta presten asistencia a entidades adscritas y a otras instituciones del sector público autonómico o que puedan asistir a altos cargos y resto de empleados por actos en ejercicio de sus funciones en iguales condiciones.
En órganos de cooperación local, las medidas contempladas contribuyen a la simplificación de la composición y las funciones del Consejo de Cooperación Local; se le atribuyen las funciones de la Comisión de Coordinación de Policías Locales y de la Comisión de Carreteras y, con ello, queda configurado como principal órgano de cooperación en Administración y Entidades Locales.
En materia de coordinación interdepartamental, la Comisión de Secretarios recibe la atribución de funciones de cinco órganos: Comisión Autonómica de Publicidad Institucional, Comisión de Coordinación de Ciencia y Tecnología, Comisión de Coordinación para la política de juventud de la Administración Autonómica, Comisión Interconsejerías para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y Comisión interconsejerías de apoyo a las familias. Con esta atribución, y junto con el Decreto de 6 de marzo, la Comisión de Secretarios se configura como único órgano de coordinación interdepartamental.
EUROPA PRESS