Los trabajadores de Tragsa, en huelga contra el mayor ERE en una empresa pública
Los sindicatos consideran despropocionada la decisión de la compañía de despedir a 1.639 empleados, el 17% de la plantilla, aduciendo ligeras pérdidas después de décadas de beneficios
- Tragsa ha acumulado un fondo de reserva que supera los 120 millones de euros
- Los sindicatos han convocado huelga este jueves y el próximo martes en todos los centros de trabajo del país
Los trabajadores de la empresa pública Tragsa y de su filial Tragsatec comienzan este jueves el primero de los dos días de huelga que han convocado todos los sindicatos (CCOO, UGT, CGT y CSIF) contra el despido colectivo que el grupo presentó el pasado 17 de octubre.
En total, el ERE afecta a 1.639 empleados en las distintas comunidades autónomas – 836 en Tragsa y 803 en Tragsatec-, casi un 17% de la plantilla total, a los que habría que añadir el cese de actividad de miles de trabajadores eventuales y fijos discontinuos, lo que supone el mayor ERE en una empresa pública en los últimos años.
Unos despidos que la dirección entiende necesarios ante la caída de ingresos fruto del descenso de la carga de trabajo. Según la dirección, los gastos de personal suponen la partida más elevada y ve necesaria la reducción del «sobredimensionamiento de la plantilla en todos los niveles», ya que no es acorde a la disminución de la producción y de los encargos.
Encargos que le llegan exclusivamente de los ministerios y de las adminsitraciones públicas, por lo que los sindicatos denuncian tintes políticos en estos despidos.
Tragsa ve cercano el peligro de la inviabilidad económica basándose en previsiones para el cierre de 2013. Informes encargados a auditoras externas prevén 17 millones de pérdidas este año, a lo que habría que sumar otros 11 en Tragsatec. Sería la primera vez en décadas que Tragsa presenta pérdidas.
Una medida «desproporcionada»
Ante este panorama, cerca de 10.000 trabajadores están llamados a la huelga en todos los centros de trabajo del país este jueves y el próximo martes. Los sindicatos ven «desproporcionada» la medida y, ante la negativa de la dirección de anular los despidos, como han solicitado en las reuniones de mediación previas, han decidido convocar estos dos días de huelga.
Además, este jueves llegarán a Madrid trabajadores de todas la regiones para manifestarse desde el Ministerio de Agricultura hasta el de Hacienda, una marcha que comenzará a las 12.00 horas.
Según denuncian los sindicatos, el problema no es una sobredimensión de la plantilla, sino una mala gestión de las dos empresas. El descenso en la carga de trabajo, afirman, se debe a los recortes del Gobierno, que es quien encarga los trabajos a través de diferentes ministerios.
Según explican desde la sección de CGT en Tragsatec, el argumento del ahorro no se corresponde con los despidos. «Pretenden ahorrar 28,8 millones de gastos de personal a través del despido de 803 empleados cuando la previsión de pérdidas es de poco más de 11 millones», argumentan, lo que supone tres veces más que lo que estiman perder. A lo que añaden que los datos sobre los que han realizado las previsiones son obsoletos y nada fiables.
En UGT, consideran que esta medida «no se ajusta de la realidad de la empresa, que viene obteniendo beneficios positivos en los últimos años» y avisan de una «privatización encubierta» de esta sociedad participada mayoritariamente por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).
Una reserva millonaria
Otro de los argumentos que los sindicatos esgrimen para que la dirección dé marcha a atrás es que las reservas que la compañía ha acumulado durante estos años de ganancias superan con creces los 120 millones. En el caso de Tragsatec, según CCOO, ese fondo llega hasta los 150 millones, «reservas que se han conseguido con el trabajo de las personas que ahora quieren despedir y que no están dispuestos a utilizar para el beneficio de la plantilla», apunta el sindicato en un comunicado.
Mientras Tragsa alude a las posibles pérdidas este ejercicio, desde CGT recuerdan que se trata de una empresa pública que recibe encargos de las distintas administraciones, por lo que «no tiene capacidad de elección de los encargos que se le adjudican, ni en las tarifas que se aplican en los mismos. Su finalidad no es la obtención de beneficios como en una empresa privada, sino que su fin es primordialmente social».
Reducción previa de la plantilla
A pesar de que el ánimo de lucro no debería guiar a la dirección, según denuncian los sindicatos, durante los últimos años ambas empresas han reducido considerablemente sus plantillas. Si en el 2009 Tragsa contaba con alrededor de 14.000 trabajadores, los últimos datos recogidos por la memoria de la empresa, de 2012, hablan de 5.153, una reducción acentuada sobre todo los dos últimos años, en los que los sindicatos aseguran que , entre empleados fijos y eventuales, se han perdido 3.500 puestos, sin reducir apenas el organigrama directivo con salarios inflados y total opacidad, añaden.
Tragsa se suma así a la cada vez más larga lista de empresas públicas que han emprendido la vía del despido colectivo desde que entró en vigor la reforma laboral del Gobierno, que permite los EREs en las empresas públicas. Renfe, Adif, Aena, Telemadrid o RTVV son otros ejemplos de la recuperación económica y la reducción del ritmo en la destrucción de empleo de la que el Gobierno hace gala.
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