Si UGT, CCOO ,CSIF y la Junta dicen apoyar la demanda de la jornada laboral de 35 horas para el empleado público de esta Comunidad, ¿por qué no son capaces de implementar en Castilla y León el acuerdo que en este sentido han firmado estos mismas organizaciones sindicales con la Junta de Extremadura?.
¿Por qué estos mismos sindicatos han avalado con su firma la pretensión del Sr. Montoro de segregar nuestra administración en “sectores prioritarios “y“sectores no prioritarios “(Acuerdo para la Mejora del Empleo Público de 29 de marzo de 2017)?¿Acaso desconocen que dicha división sólo puede conllevar la privatización/amortización de dichos” sectores no prioritarios” ya que como el mismo concepto indica son sectores que están ahí pero igualmente pudieran no estar?. Esta concepción de la administración avanza en la (mala) dirección de sectores servidos por personal empleado público y sectores servidos por contratas privadas.
¿Por qué UGT, CCOO, CSIF y la Junta firman en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco de recuperación de derechos del empleado público el 25 de julio de 2017 una serie de puntos, algunos de los cuales debieron ponerse en marcha a finales del mes de septiembre y dos meses después seguimos sin saber nada de ellos (ampliación de los supuestos de complementación por IT y nueva normativa sobre el régimen de Bolsas de Empleo Temporal)?.
¿Por qué estos sindicatos pregonan una y otra vez a todo quien quiera oírlos que es hora de recuperar el poder adquisitivo perdido estos años (las estimaciones más conservadoras hablan de una pérdida del 13%) y sin embargo se conforman con una subida ridícula que a duras penas compensará la subida del IPC?.
¿Por qué se considera un avance que las tasas de reposición de los “sectores no prioritarios” de nuestras administraciones pasen del actual 50% al 75%, cuando dichas tasas debieran estar hace años al 100%, aunque sólo sea por evitar agravios comparativos gratuitos?.
¿Por qué tenemos que aguantarnos y fastidiarnos cuando vemos que en las sucesivas negociaciones de modificación de RPTs desaparece empleo público en puestos de cocina, limpieza, mantenimiento, auxiliares administrativos, etc, para dar ese trabajo a conglomerados como SERUNION o EULEN o fundaciones de variado pelaje?.
El recorte de los salarios de los empleados públicos se mueve en unas cifras similares a lo que nos costará como contribuyentes el rescate de las autopistas de peaje quebradas (4.000 millones de euros). ¿Acaso es más importante rescatar los negocios de los “amiguetes” que la economía de tres millones de familias?
La actividad económica se reactiva, los beneficios empresariales crecen, pero no hemos vuelto a la situación previa a 2008; es más, la precariedad laboral está al alza así como la desigualdad que ello provoca. Hay una sensación generalizada de pérdida de derechos que se fueron un día para no volver. ¿Hasta cuándo toleraremos esta situación?.