NUESTRAS VIDAS IMPORTAN MAS QUE SUS BENEFICIOS, NO PAGAMOS ESTA CRISIS, UNA SALIDA CON JUSTICIA SOCIAL, ECOLÓGICA Y LIBRE DE VIOLENCIAS MACHISTAS

Hace meses que, cientos de Organizaciones, Colectivos y Plataformas, venimos trabajando en la construcción de una respuesta de la Clase Trabajadora y de la mayoría social, ante el rumbo que están tomando los acontecimientos con motivo de la pandemia por el coronavirus y de la crisis económica y social consecuente.
Una vez más, los poderes económicos y mediáticos, con sus tentáculos en las distintas instituciones y gobiernos, están consolidando su hoja de ruta para volver a salir indemnes de esta situación y hacer recaer todo el peso de las consecuencias económicas y sociales sobre la clase trabajadora y las personas más desfavorecidas, poniendo en primera línea de las prioridades sacar oportunidad de la crisis, obviando cualquier criterio de justicia social y medioambiental, y condenando a millones de personas al sufrimiento durante mucho tiempo.
Las grandes empresas han seguido lucrándose pese a anunciar a bombo y platillo las pérdidas que podían suponer las restricciones. Para ello no han dudado en parasitar lo público sin rubor para nutrir sus beneficios a costa del sufrimiento de las trabajadoras. Tampoco les ha temblado el pulso a la hora de posicionarse los primeros en la fila para recibir los fondos públicos. Mientras, la patronal y los poderes económicos se reúnen en foros y seminarios con el objetivo de articular e imponer a los gobiernos, los criterios políticos para que, una vez más, el peso de las consecuencias de la pandemia recaiga sobre nosotras.
Hasta el momento, se han venido convocando movilizaciones específicas reivindicando imprescindibles cambios en las políticas en materia de sanidad, educación, vivienda, dependencia, residencias, pensiones, redistribución de rentas o modelo de estado, y también por conflictos específicos en sectores de la producción o en empresas concretas.
Creemos que ha llegado el momento de unificar todas esas luchas en torno a una movilización unitaria de impugnación global de la situación:
o En defensa de los Servicios Públicos (Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Dependencia, Residencias, Transporte, Energía, etc)”
o Por un ingreso incondicional y suficiente para todas las personas.
o Por una salida a la crisis con justicia social y ecológica.
o Vivienda por derecho, rescatemos personas, no capital.
o Por unas pensiones dignas para todas las personas, con un mínimo de 1084 € y blindadas en la Constitución.
Porque es hora ya de que la Clase Trabajadora y la mayoría social deje claro que no estamos dispuestas a volver a pagar la crisis generada por el coronavirus, con nuestra salud, con nuestros derechos, con nuestras condiciones de vida, con nuestro territorio, el día 7 de noviembre tenemos que demostrar con firmeza nuestra voluntad de lucha y resistencia.
Porque exigimos la potenciación de la sanidad pública con la contratación indefinida de profesionales de la sanidad en todos los ámbitos y responsabilidades, tanto de personal sanitario como de personal auxiliar y administrativo, junto con la eliminación de los conciertos y de la externalización de la gestión.
Porque exigimos la contratación indefinida de personal docente en todos los ámbitos de la educación pública, para bajar las ratios de alumnado, así como de personal auxiliar y administrativo que garanticen la máxima seguridad del alumnado y profesorado, junto con la eliminación de los conciertos y la internalización de servicios.
Porque exigimos la contratación del personal necesario para gestionar los Servicios Sociales y prestar una atención más rápida y de calidad a las personas más desfavorecidas.
Porque exigimos la gestión pública de las Residencias de Mayores, dotándolas de un mayor número de profesionales de todo tipo para asegurar una atención digna y completa a nuestros mayores.
Porque exigimos una mayor dotación de personal en Atención a la Dependencia, siempre contratadas por las distintas administraciones públicas, que permita a las familias conciliar sus necesidades vitales con la atención a sus seres queridos en situación de dependencia.
Porque exigimos la prestación de un servicio público de transporte de calidad, dotando de personal suficiente a las empresas públicas e invirtiendo con criterios de vertebración territorial, llevando un servicio de calidad al ámbito rural, acabando con el hacinamiento de las cercanías en grandes núcleos con el aumento de la oferta de servicios, potenciando el ferrocarril como modo medioambientalmente sostenible, asegurando la intermodalidad con otros modos para llegar al conjunto de la población.
Porque exigimos la gestión pública de la energía y el agua, como bien básico de interés público, para garantizar el acceso a la energía y al agua a toda la población, con precios asequibles y la prohibición del corte de suministro.
Porque exigimos el fin de las violencias machistas, de las brechas salariales, de los techos de cristal, de las discriminaciones por razón de sexo u orientación sexual, con políticas efectivas que impidan su vulneración.
Porque exigimos un ingreso incondicional para todas las personas, que garantice que toda persona puede cubrir suficientemente sus necesidades vitales.
Porque exigimos el fin de la precariedad laboral en todos los ámbitos, la estabilización del personal interino en fraude de ley de todas las administraciones públicas, la regularización de los falsos autónomos como trabajadoras por cuenta ajena y la vigilancia del estricto cumplimiento de las leyes laborales y de prevención de riesgos con el incremento de personal en las inspecciones de trabajo.
Porque exigimos el respeto a los derechos humanos, poniendo fin a las políticas que estigmatizan y discriminan a las personas migrantes, ninguna persona es ilegal, y acabar con la doble moral de colaborar con gobiernos corruptos que someten a su población a la miseria y las empuja a migrar, prohibir la venta de armas a países en conflicto, a países generadores de conflictos y a países que vulneran los derechos humanos con su población.
Porque exigimos el fin de la corrupción en todos los niveles, juzgando y condenando todos los casos conocidos y por conocer, incluido el rey emérito, con la obligación de devolver a las arcas del estado todo el dinero robado u obtenido con prácticas corruptas. También la supresión de las inmatriculaciones de la iglesia católica recuperando todos los bienes inmatriculados para ponerlos a disposición de la sociedad.
Porque exigimos que la salida de esta crisis económica aborde de una vez la crisis social y ecológica que padecemos y que no tiene otro origen que la acumulación de la riqueza, reclamamos justicia social y ecológica, porque no hay forma de vivir ni de trabajar en un planeta moribundo y porque la crisis medioambiental afecta más a las clases más precarias.
Porque exigimos que se restauren los ecosistemas degradados, se proteja la biodiversidad, se descarbonice de la economía, se cierren las centrales nucleares, se transforme el modelo productivo -apostando por las energías renovables, por la agroecología o por la industria de la recuperación- se eliminen los tóxicos y se favorezca el consumo local.
Porque exigimos el derecho a una vivienda digna, aumentando el parque de viviendas públicas para hacer frente a la emergencia habitacional y a la enorme necesidad de amplias capas de la población, a través de la expropiación del uso de viviendas vacías -temporal hasta que no haya un parque público del 15%- de la banca rescatada, de la Sareb y de las que se encuentran en manos de fondos buitre y Socimis, que se dedican a la especulación sin criterios de justicia social, para devolver a la sociedad el rescate impagado.
Porque exigimos prohibir los desahucios sin alternativa habitacional, (como mínimo hasta el 31 de diciembre de 2021), cuando la propiedad es de gran tenedor, obligando a los bancos a hacer alquileres sociales, y cuando es de pequeño propietario, obligando a las Administraciones a alojar a las familias, cumpliendo así el Dictamen del Comité DESC de Naciones Unidas. Adoptar medidas de limitación y control de precios de los alquileres.
Porque exigimos unas pensiones dignas para todas las personas, con un importe mínimo de 1084 euros/mes, que permita también eliminar la brecha de género, blindadas como Derecho Fundamental en la Constitución. No al pacto de Toledo que recomienda los Planes de Pensiones Privados de Empresa gestionados por bancos y agentes sociales y que quiere alargar la edad de jubilación sin tener en cuenta el alto porcentaje de paro juvenil.
Porque exigimos la creación de una Banca Pública, vinculada a los DDHH, a la mejora del Medioambiente y al desarrollo social y económico de la población.
Porque exigimos una redistribución de la riqueza con medidas fiscales que hagan que quienes más tienen más aporten al bienestar común. Exigimos un nuevo modelo de sociedad, más justo, más igualitario, más respetuoso con la naturaleza, donde las personas y su hábitat sean lo primero.
Por todo ello, convocamos movilizaciones descentralizadas por todo el Estado para el próximo 7 de noviembre de 2020 y apoyamos la Huelga General convocada en Madrid para el 11 de noviembre.
EL 7 DE NOVIEMBRE, PARTICIPA DE LAS MOVILIZACIONES CONVOCADAS