VIVA CASTILLA Y LEÓN . VIVA VILLALAR
Manifiesto aquí:
Manifiesto 23 de abril STECYL-i
En esta jornada el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Castilla y León (STECyL-i) considera necesario seguir avanzando hacia un futuro mejor, en igualdad y libertad. El 23 de abril ha sido siempre un símbolo histórico de reivindicación y de lucha por la libertad, por la democracia, por la defensa de los servicios públicos y los derechos sociales y por el progreso de nuestra Comunidad.
Los derechos y libertades que hemos ido conquistando a lo largo de más de 40 años de democracia están amenazados por la extrema derecha que ha llegado al Gobierno de nuestra tierra de la mano del PP. Esa extrema derecha que quiere anular a los sindicatos; que no reconoce la memoria histórica; que tampoco cree en la igualdad real entre hombres y mujeres; que cuestiona, con tintes racistas y xenófobos, la inmigración; que persigue al colectivo LGTBI y, en definitiva, que odia la diversidad, el pluralismo y el bien común.
Es irracional negar la existencia de la violencia machista, con 11 mujeres y un niño asesinado en lo que va de año y con sesenta mujeres asesinadas, de media, cada año. Rechazamos de pleno el empeño de la ultraderecha en tratar de convencernos para volver a esconder la violencia de género tras la puerta de los hogares. Eso es lo que pretende la Ley de Violencia Intrafamiliar: desvirtuar la Ley de Violencia de Género, que goza de gran consenso social, desterrar las políticas con las que estábamos avanzando en combatir sus causas y negar el apoyo que necesitan las víctimas. No podemos ni debemos consentirlo por el bien de toda la sociedad.
También es irracional retroceder en las acciones de conocimiento y reparación que se recogen el Decreto de Memoria Histórica. En la misma línea el discurso sobre las personas migrantes. La inmigración no puede ser un delito porque las personas que llegan a nuestro país buscan una vida mejor y contribuyen a la riqueza de nuestra sociedad ocupando, además, los empleos más precarios. ¿Qué sentido tiene criminalizar a las personas migrantes en una comunidad que año a año va perdiendo población y es el ejemplo más claro de la España vaciada?
No compartimos las políticas de recortes que se han puesto en marcha durante todos estos años desde la Junta de Castilla y León en cuanto a la sanidad pública y en concreto en la atención primaria, con muchos centros rurales cerrados y con la asistencia presencial muy mermada. También con una atención especializada cada vez más reducida.
La educación pública sigue sufriendo en la Comunidad, al canalizar hacia centros privados la concesión de nuevas aulas de dos a tres años. Esgrimiendo la falsa libertad de elección de centro dirigen intencionadamente al nuevo alumnado a las aulas de los centros privados subvencionados con un objetivo muy claro, que permanezcan en ellas durante toda su trayectoria educativa. Esto va claramente en detrimento de la enseñanza pública que, cada vez más observa cómo se reduce su financiación. Utilizan, una vez más, fondos públicos con fines privatizadores que restan igualdad de oportunidades a las familias que necesitan estos servicios, transformando el derecho fundamental a la educación en la base de diferencias sociales. Insistimos en la necesidad de potenciar la enseñanza pública reduciendo las ratios e incrementando la dotación de profesorado, como ya se hizo en los dos cursos de la pandemia, para hacer frente a las necesidades derivadas de la diversidad del alumnado.
Así pues, demandamos políticas que refuercen los servicios públicos lo que serviría para atajar la creciente desigualdad y vertebrar el territorio. Es hora de financiarlos adecuadamente para poder contar con el suficiente número de empleadas y empleados públicos que puedan atender las crecientes necesidades de la ciudadanía castellano y leonesa. Apostamos por el ferrocarril público y social estableciendo un servicio de media distancia de carácter regional aprovechando las infraestructuras existentes, en uso o a recuperar.
Por otra parte nuestro modelo productivo no puede descansar, por razones sociales y ambientales, en un creciente número de macrogranjas o en la instalación a diestro y siniestro de megaparques eólicos o solares. No podemos hipotecar el territorio y ser esquilmados de nuevo en nombre de un “desarrollo” del que se aprovechan otros.
Con la ultraderecha pisando moqueta se avecinan tiempos peligrosos, donde tendremos que estar especialmente vigilantes para defender los servicios públicos y los principios democráticos que tanto nos ha costado conseguir, para censurar cualquier política fascista y para evitar el retroceso en ninguno de los valores que nos caracterizan como sociedad.