El 21 de septiembre se aplicará de manera provisional la mayor parte
del acuerdo comercial y de inversiones entre la Unión Europea y Canadá
(CETA). Esto sucede antes de haber sido ratificado por todos los
parlamentos regionales y nacionales europeos.
– Las organizaciones sociales y políticas integrantes de la campaña
contra el CETA lamentan su aplicación provisional y confían en que
prosperen las iniciativas ciudadanas y legales para frenarlo.
La campaña estatal No al TTIP, CETA y TiSA <http://www.noalttip.org>
considera grave que el *CETA entre en vigor a pesar de no haber sido
ratificado aún por los parlamentos de la Unión Europea* (UE) y estar
pendiente de un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre
si el CETA es compatible con el derecho comunitario.
El Gobierno español ya ha iniciado la ratificación del tratado en las
Cortes Generales. Aún está pendiente su discusión y votación en el Senado.
La campaña demanda a los grupos parlamentarios que pidan al Tribunal
Constitucional un dictamen y rechacen su ratificación por no tener estudios
de impacto social y económicos válidos.
La movilización ciudadana ha destapado en buena medida el tratado. Entre
los éxitos más recientes está que el mecanismo de resolución de conflictos
entre inversores y Estados, el polémico Sistema de Tribunal de Inversiones
(ICS), no pueda entrar en vigor todavía. Cada vez hay más evidencias de que
este sistema de justicia privada paralela merma gravemente el Estado de
derecho. A día de hoy, España es el tercer país del mundo más demandado
ante los tribunales privados de arbitraje que los inversores extranjeros
usan para cobrar compensaciones multimillonarias.
En el último año, la sociedad civil europea, sindicatos, partidos políticos
y parlamentos regionales no han cesado de expresar su preocupación por los
graves impactos del CETA sobre los derechos laborales, la salud, el clima y
la alimentación. También han denunciado la falta de transparencia y
participación democrática en el manejo de las políticas comerciales por
parte de las instituciones europeas.
La campaña No al TTIP, CETA y TiSA advierte de que la aplicación
provisional del CETA tendrá efectos económicos, sociales y ambientales
adversos, tales como:
– En materia laboral no se tomarán medidas para impedir las
deslocalizaciones ni se podrán sancionar violaciones a las normativas
laborales vigentes.
– En materia ambiental y de salud el CETA carece de normas de obligado
cumplimiento, lo que pone en riesgo los compromisos adoptados en la lucha
contra el cambio climático y abre la puerta a nuevos fraudes como en el
caso ‘*Dieselgate*’ de la industria automovilística, cuya manipulación
de vehículos diésel ha contribuido al incremento de muertes prematuras y
enfermedades por contaminación atmosférica.
– Los estándares más bajos en lo concerniente a la seguridad alimentaria
provocará en un futuro inmediato las rebajas de otros estándares relativos
a organismos genéticamente modificados (transgénicos), engorde del ganado
con hormonas, clonación animal y etiquetado y trazabilidad de la carne.
Además de la pérdida de derechos de los consumidores, el CETA causa nuevos
problemas a la agricultura familiar, así como una pérdida de soberanía
alimentaria.
– Al debilitar el principio de precaución deja el campo libre a las
farmacéuticas, las empresas químicas y otras industrias poniendo en riesgo
la salud pública.
– El CETA facilitará la privatización de los servicios públicos y
dificultará las condiciones para la remunicipalización de servicios
privatizados fracasados, así como la lucha contra la corrupción.
– El capítulo sobre Servicios Financieros dará más derechos a los bancos
y especuladores, impidiendo regulaciones urgentes en este sector que puede
provocar nuevos estallidos de burbujas especulativas como la inmobiliaria
en España.
La cooperación reguladora que empezaría a funcionar con la puesta en marcha
de diferentes comités conjuntos –cuya composición se desconoce, igual que
las fechas y contenidos de sus reuniones– podría ser un obstáculo si el
Parlamento Europeo, las Cortes Generales o los parlamentos regionales
desean mejorar las normas ambientales y sanitarias, e incluso podrían
debilitar las normas actuales.
La Comisión Europea está negociando otros acuerdos de igual magnitud que el
CETA con Japón, México y los países del Mercosur. Asimismo ha propuesto la
apertura de negociaciones con Australia y Nueva Zelanda.
La campaña estatal No al TTIP, CETA y TiSA <http://www.noalttip.org>
manifiesta su oposición a todas estas negociaciones y advierte de que estos
tratados comerciales atentan contra los derechos humanos y agravan la
crisis ambiental planetaria.