STACYL, sindicato perteneciente a la Federación STECYL-i, hace un llamamiento a las fuerzas políticas que concurren a las elecciones autonómicas del próximo 24 de mayo, para que se comprometan a apostar por una administración ágil y moderna que responda a los retos que nos plantea la sociedad a la que sirve. Se necesita dar un profundo giro a la política presupuestaria de la Junta de Castilla y León para revertir tendencias, bastante preocupantes a nuestro entender, como:
- Una administración envejecida, con una edad media del empleado público en torno a los 50 años.
- Una administración disminuida, con pérdida de varios miles de puestos de trabajo, mientras las necesidades sociales no han dejado de crecer, lo que se traduce en un servicio de peor calidad.
- Una administración que externaliza servicios, los cuales pueden desempeñarse sin mayor problema por empleados públicos. Abogamos por un mayor control de la gestión de estos servicios privatizados.
Frente a ello planteamos promover Ofertas de Empleo Público dignas de tal nombre que rompan con la tasa de reposición del 10% que nos está estrangulando. Es necesario que el peso del sector público en el PIB crezca equiparándose a los países de nuestro entorno. Habría que considerar seriamente la vuelta a la jornada de 35 horas.
STACYL hace un llamamiento para que entre todas y todos devolvamos prestigio a la Función Pública. Se hacen recurrentes llamadas para dignificar al empleado público pero la realidad nos trae deterioro de las condiciones laborales en forma de congelación salarial, deficiente cobertura de bajas, pérdida de salario en especie (vestuario, días de libre disposición, días por antigüedad). En STACYL creemos que la tan pregonada dignificación del empleado público puede pasar por la adopción de medidas tales como:
-Recuperación de poder adquisitivo, incluyendo la totalidad de la paga extraordinaria de diciembre de 2012.
-Carrera profesional digna de tal nombre.
-Promoción interna y cruzada.
-Concursos de traslados abiertos y permanentes para todos los empleados públicos.
-Cobertura inmediata de bajas y vacantes.
-Recuperación de días de libre disposición y días por antigüedad.
Una administración profesional que se precie no puede apoyarse en el abuso de la figura de la libre designación, que lo que fomenta es clientelismo político. Hay una demanda social que aboga por poner coto a esta figura. También estimamos que debe limitarse el crecimiento de la Administración B, entes que usurpan competencias y funciones del empleado público y cuyo control y transparencia dejan mucho que desear.
La Ley de Reforma de la Administración de Castilla y León hubiera podido ser una buena oportunidad para avanzar hacia la administración que demandamos, más participativa y transparente. Desgraciadamente esta ley obedece más a las directrices y recomendaciones que establece CORA y su mantra de adelgazamiento del sector público. Esta ley elimina ó reduce la audiencia pública, hace desaparecer órganos colegiados de asesoramiento y participación, convierte al Consejo de Función Pública en mero “florero decorativo”, elimina el informe preceptivo del Consejo Consultivo para la Ley de Presupuestos, insiste en la libre designación, la modificación de RPTs por acuerdo de Junta de Consejeros ó la figura de la atribución temporal de funciones, de carácter forzoso y por un mínimo de 2 años. Por ello abogamos por su derogación y una nueva redacción que apueste de verdad por la transparencia y la participación pública.