El Ministro de (In)Justicia, el Sr. Ruiz Gallardón, ha dado luz verde a la privatización del Registro Civil, cuyas competencias asumirá a partir de ahora el Colegio de Registradores. Así pues se desmantela un servicio público que venía funcionando como tal desde el siglo XIX. Ello supone que prestaciones que hasta ahora eran gratuitas como los certificados de defunción, nacimiento, matrimonio ó fe de vida pasan a cobrarse. Asimismo la privatización de los registros supone un enorme despilfarro, gratuito e innecesario, habiendo personal del Ministerio de Justicia perfectamente capacitado (hablamos de un colectivo de 3500 funcionarios-as). Ello conllevará despidos de personal interino, movilidades forzosas, amortización de plazas,etc. El ciudadano del medio rural se quedará sin este servicio que se presta a través de los Juzgados de Paz.
Desde STACYL animamos a apoyar las concentraciones de los jueves a las puertas de los Registros Civiles.