El pasado 29 de diciembre se publicaba en el BOE la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. En STACYL llevamos tiempo diciendo que esta Ley no recoge  la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) recogidas en las sentencias del 19 de marzo de 2020 y 3 de junio de 2021. En STACYL siempre hemos apostado por la ESTABILIDAD mediante la consolidación del personal temporal en abuso de ley, solución legal que ya se ha aplicado en otros momentos y que permite aprovechar su experiencia laboral , y no supone coste alguno para nuestras menguadas arcas públicas. También hemos demandado que la Junta determine las personas que se encuentran en abuso de temporalidad en las Administración autonómica  y que no se produzca ningún cese de las mismas hasta que se establezcan los mecanismos necesarios para su consolidación real. Asimismo se ha demandado que los procesos selectivos no convocados y los que publicadas sus bases no se hayan iniciado, se deberían de adaptar a la nueva legislación.

Esas eran nuestras peticiones y ¿ Cuál ha sido la respuesta de la Junta?. Pues convocar procesos selectivos el 15 de diciembre de Personal de Servicios, Escucha de Incendios y Oficial 1ª Conductor y el 20 y 21 de diciembre de Periodista, Subalterno, CTSA, Letrados, Oficial de 2ª de Oficios, Oficial de 1ª de Oficios, Farmacéuticos y Veterinarios correspondiente a la OPE de 2018. En total 786 plazas. La Junta bien puede argumentar que estas convocatorias son anteriores a la publicación en BOE de la Ley 20/2021 el día 29 de diciembre pero igualmente es cierto que Función Pública era perfectamente conocedora del acuerdo de 11 de noviembre suscrito por PSOE, UP, PNV y ERC, con amplio eco mediático y que hablaba de concurso de méritos para aquel personal con más de 5 años en el mismo puesto y de concurso-oposición siendo la fase de oposición no eliminatoria para quienes llevasen más de 3 años en el mismo puesto. Este acuerdo tuvo su reflejo en su aprobación por el Congreso de los Diputados el 2 de diciembre. Así pues la Junta era conocedora 15 días antes de la nueva normativa y aún así siguió adelante con los procesos. La Junta ha tenido tiempo más que suficiente para hacer un mapeo de los puestos afectados (sobre todo los ocupados por personal interino antes del 1 de enero de 2016) y por supuesto tiempo de sobra para haber convocado cuando correspondía plazas que llevan ocupadas por personal temporal más de 10 o 15 años ( algunas de las convocadas en la última quincena de diciembre). Y eso por no entrar en la falta de transparencia y los agravios comparativos que han suscitado estas convocatorias “in extremis”.

Animamos a los afectados por esta tropelía a su denuncia, ya sea a través del Procurador del Común o de los tribunales de justicia.