El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2017 contiene un artículo, el 19.2, cuyo contenido ha despertado gran inquietud entre el personal temporal de las Administraciones (funcionario, laboral y estatutario).
Dicho artículo contempla, entre otros aspectos, que la duración de un nombramiento o contrato del personal interino, temporal o estatutario no podrá superar los tres años.
Este artículo es una consecuencia directa del Acuerdo para la Mejora del Empleo Público, firmado el pasado 29 de marzo entre CCOO, FeSP-UGT, CSI-F y el ministro Montoro, sobre las ofertas públicas de empleo extraordinarias para los próximos años, con lo que pretenden reducir la tasa de interinidad actual (que en algunos sectores, como Educación o Sanidad, supera el 30%) al 8%. De hecho, el artículo 19, en su apartado 1, es la traslación de ese Acuerdo a los presupuestos; y el apartado 2, la consecuencia del mismo.
Curiosamente, dicho Acuerdo de “Mejora” ha supuesto una oportunidad perdida para acometer diversas cuestiones que preocupan al empleado público: recuperación poder adquisitivo, programas de acción social, retribución del 100% en los casos de incapacidad temporal, jornada horaria,etc. De hecho, la subida que se plantea en los PGE para 2017 es del 1%, inferior incluso a la inflación de 2016 y la prevista para este año.
Pues bien, de la lectura literal de dicho artículo se desprende el posible despido masivo de trabajadoras y trabajadores interinos, temporales y estatutarios de todas las administraciones y empresas públicas que tengan contratos o nombramientos durante más de tres años.
Esto podría afectar a decenas de miles de personas, trabajadores a los que habrá que indemnizar, deberán cobrar paro y que, finalmente, engrosarán, las listas de desempleados mientras que, de modo paradójico, gran parte de los servicios públicos están bajo mínimos y sólo se mantienen gracias a la entrega y sobrecarga laboral de sus trabajadores. Además, tal medida afectará a la calidad de los servicios públicos al prescindir del personal con bagaje y experiencia.
Desde STACYL consideramos que los sindicatos firmantes del Acuerdo no calibraron las consecuencias de estas medidas para los empleados públicos. Tras años de escasas o nulas ofertas de empleo, ahora se pretende maquillar el mal acuerdo que rubricó el Ministerio de Hacienda con los sindicatos de la mesa general de la Función Pública el pasado 29 de marzo a costa de los propios trabajadores con ofertas masivas de empleo público sin establecer mecanismos excepcionales de consolidación, perfectamente legales.
Por lo tanto, STACYL aboga:
– por el acceso ponderado, que incluya la diversidad de situaciones presentes hoy en la Administración Pública, siguiendo los principios generales de publicidad, mérito y capacidad pero reconociendo la totalidad de la experiencia, sin limitaciones.
– por ofertas de empleo público anuales (precedidas en todos los casos de los correspondientes concursos de traslados).
– por la eliminación de la tasa de reposición en toda la Administración General, que evite unos servicios públicos de primera y de segunda, y la recuperación del empleo perdido que impida la privatización y sustitución de lo público por lo privado.
Por eso, STACYL exige la eliminación de ese artículo y propone la recuperación del empleo y de los servicios públicos.
¡¡No más parches contra la temporalidad en el empleo!!