El Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves día 11 la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, con los únicos votos a favor del PP. Se trata de un nuevo golpe de rodillo parlamentario diseñado a medida para intentar acallar las protestas sociales y sindicales, los movimientos ciudadanos, las mareas en defensa de los servicios públicos y todas las expresiones de protesta frente a las políticas involucionistas y de recortes sociales y laborales que estamos sufriendo.
Esta Ley forma parte de un proceso de involución que estamos viviendo bajo el Gobierno actual, con la vuelta a un Estado autoritario bajo un envoltorio llamado democracia. No en vano se la ha catalogado como «Ley Mordaza». Se trata de una legislación inspirada en la Ley de Orden Público de 1959 impuesta por la dictadura franquista, ataca directamente a las libertades, a los derechos de reunión y de manifestación. Pone en manos del Ministerio de Interior lo que hasta ahora era competencia de la Justicia. Pretenden eludir así derrotas judiciales que venían cosechando las «autoridades políticas» ante sus injustificables denuncias por «desordenes» o «desacatos» contra manifestantes o movimientos sociales y sindicales.
Es una Ley hecha a medida para atacar y reprimir la actividad de los movimientos ciudadanos, sociales y sindicales que, con DIGNIDAD, luchamos y reclamamos trabajo, vivienda, defendemos los servicios públicos (educación, sanidad, transporte…), nos manifestamos contra la corrupción y la impunidad. Frente a ello, hacen esta Ley que reprime con dureza estas protestas por la vía de la fuerza o de fuertes multas:
Consideran muy grave, con multas de 30.000 a 600.000 €, entre otras las siguientes:
- Celebrar manifestaciones alrededor del Congreso, del Senado o los Parlamentos
- Realizar manifestaciones o concentraciones no comunicadas ante infraestructuras básicas o alrededor de empresas que prestan servicios públicos
Consideran grave, con multas de 601 a 30.000 €, entre otras las siguientes:
- Impedir un desahucio
- Grabar actuaciones policiales y difundirlas
- Negarse a disolver una manifestación cuando lo requiera la autoridad
- Desobedecer a un agente policial o negarse a mostrar el DNI
- Interrumpir con protestas actos o espectáculos públicos
Consideran leve, con multas de 100 a 600 €, entre otras las siguientes:
- Ocupaciones o acampadas en la vía pública
- Colocar pancartas, pegatinas o hacer pintadas en edificios públicos
- Insultar a cuerpos policiales
- Portar caretas o pancartas que denigren la imagen de las autoridades
Esta Ley afecta incluso a la Ley de Extranjería, legalizando las «devoluciones en caliente» que privan a los migrantes del derecho al asilo y elimina sus garantías reconocidas por la legislación internacional. Es un paso más, junto a la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Privada, en los recortes de las libertades y en la supresión de garantías contempladas en el derecho penal.
La CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL rechaza esta reacción de los poderosos ante el creciente conflicto social provocado por los recortes y las políticas antisociales del Gobierno, dentro de un ambiente de hartazgo ciudadano ante las tramas de corrupción y la impunidad.
Consideramos que confiarlo todo a que otro partido derogue esta Ley es fiarlo todo a una carta que puede ser insuficiente. Por ello, consideramos que debería conformarse un amplio rechazo organizado de todos los movimientos, organizaciones sociales y sindicales que nos oponemos a este golpe contra las libertades y que luchamos para frenar el avance del autoritarismo.
Secretariado Confederal, 15 de diciembre de 2014