La Confederación Intersindical ha presentado el preaviso de Huelga General del 11 de noviembre para denunciar la crisis de la vivienda y el aumento del coste de la vida, que están empujando a la clase trabajadora al empobrecimiento y la precariedad. El desahucio de Maricarmen, expulsada de la vivienda en la que vivió durante más de 70 años, simboliza una realidad cada vez más insoportable: salarios y pensiones que no alcanzan, alquileres desorbitados y dificultades crecientes para cubrir las necesidades más básicas. Frente a la especulación inmobiliaria y la pérdida de poder adquisitivo, llamamos a la movilización para exigir un reparto justo de la riqueza y garantizar unas condiciones de vida dignas.
Durante décadas se nos ha repetido que el trabajo era la vía para construir un futuro, mantener a nuestras familias y vivir con dignidad. Hoy, esa promesa se ha roto para una parte cada vez mayor de la población. Millones de personas trabajan, cobran a final de mes y, aun así, tienen dificultades para pagar el alquiler, llenar la cesta de la compra o afrontar las facturas. Tener empleo ya no garantiza salir de la precariedad. Tener un salario tampoco garantiza llegar a fin de mes.
Esta es la realidad de una clase trabajadora a la que se exige cada vez más mientras se le niega una parte justa de la riqueza que produce.
La inflación acumulada, el encarecimiento de los bienes esenciales y la especulación con la vivienda han erosionado nuestro poder adquisitivo. Los salarios no crecen al ritmo de las necesidades, las pensiones siguen siendo insuficientes para demasiadas personas y la precariedad se extiende como una amenaza permanente sobre nuestras vidas.
No estamos ante un fenómeno inevitable ni ante un simple bache económico. Estamos ante un modelo económico y social que favorece la concentración de la riqueza, debilita la capacidad de negociación de quienes trabajan y traslada a la mayoría social el coste de las crisis. Mientras se reclama moderación salarial a la clase trabajadora en nombre de la competitividad, grandes empresas y sectores económicos acumulan importantes beneficios.
Los datos recogidos en nuestro documento de convocatoria, atribuidos a la OCDE, reflejan el retroceso del poder adquisitivo salarial en España entre 2000 y 2024. La cuestión de fondo es evidente: no basta con generar riqueza; hay que garantizar que se distribuya de forma justa entre quienes la hacen posible con su trabajo. No aceptamos que los beneficios privados se sostengan sobre salarios insuficientes, jornadas interminables y vidas cada vez más precarias.
La vivienda: un derecho secuestrado por la especulación.
La emergencia habitacional es una de las expresiones más graves de esta desigualdad. Los alquileres absorben una parte desproporcionada de los ingresos de muchas familias trabajadoras. Hay personas que destinan el 40 % o incluso más de la mitad de su salario a pagar un techo, mientras recortan gastos esenciales para poder seguir viviendo en sus casas.
La juventud ve cómo se aleja su emancipación; las familias trabajadoras viven ahogadas por los gastos; y muchas personas pensionistas tienen que elegir entre pagar la vivienda, comprar alimentos o afrontar otros gastos básicos. Frente a esta realidad, las viviendas vacías y la especulación inmobiliaria representan un modelo que antepone la rentabilidad económica al derecho a vivir dignamente.
La vivienda es un derecho, no una mercancía.
Reclamamos contratos de alquiler indefinidos, la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional, una reducción del 50 % de los precios del alquiler, un amplio parque público de vivienda y medidas efectivas contra el acaparamiento y la compra especulativa. Exigimos recuperar para el uso residencial las viviendas vacías y las destinadas al alquiler turístico, así como reconocer el derecho de las personas inquilinas a organizarse y negociar colectivamente.
Salarios dignos, pensiones suficientes y derechos laborales.
La pérdida de poder adquisitivo no es una cifra abstracta: significa renunciar a necesidades básicas, vivir con incertidumbre y ver cómo el trabajo deja de ser una garantía de autonomía. Por eso exigimos incrementos salariales suficientes para recuperar lo perdido, cláusulas de revisión vinculadas al IPC y una negociación colectiva que permita mejorar de manera efectiva las condiciones de vida y de trabajo.
Es necesario desbloquear la negociación colectiva y renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva con compromisos reales en materia salarial y laboral. Reclamamos la reducción de la jornada sin pérdida retributiva, la mejora de la salud laboral y la erradicación de la precariedad. No aceptamos que la productividad y los beneficios aumenten mientras quienes sostienen la actividad económica ven deteriorarse sus condiciones de vida.
La defensa de la clase trabajadora también pasa por garantizar pensiones públicas dignas, revalorizar las pensiones mínimas y preservar su poder adquisitivo. Nadie debería caer en la pobreza después de toda una vida de trabajo. Asimismo, exigimos reforzar las prestaciones por desempleo y la protección social para que ninguna persona ni familia quede desamparada ante la pérdida de empleo o la insuficiencia de ingresos.
Servicios públicos para garantizar derechos, no privilegios.
La sanidad, la educación, la atención a la dependencia y la investigación son pilares fundamentales de una sociedad justa. Los recortes, la falta de inversión y la insuficiencia de recursos deterioran la calidad de los servicios públicos, agravan las desigualdades y perjudican especialmente a quienes no pueden recurrir a alternativas privadas.
Reclamamos una financiación pública suficiente para garantizar servicios universales, accesibles y de calidad. Exigimos recursos humanos y materiales para reducir las listas de espera sanitarias; más inversión educativa para combatir las desigualdades; una atención a la dependencia que proteja a las personas más vulnerables y a sus familias; y un compromiso sostenido con la ciencia, la investigación y la innovación que contribuya a transformar el modelo productivo y a generar oportunidades.
Defender los servicios públicos es defender los derechos de la mayoría social. No podemos permitir que el acceso a la salud, la educación o los cuidados dependa de la capacidad económica de cada persona.
Una huelga para cambiar las prioridades
Las reivindicaciones que defendemos afectan al conjunto de la clase trabajadora y exigen respuestas que van más allá de la negociación ordinaria en las empresas. Es necesario actuar sobre las políticas salariales, la vivienda, las pensiones, la protección social y la financiación de los servicios públicos. Son decisiones que requieren voluntad política y medidas concretas para situar los derechos sociales por encima de los intereses especulativos y de la concentración de la riqueza.
Desde la Confederación Intersindical defendemos que la respuesta no puede limitarse a resignarse, adaptarse o asumir nuevos sacrificios. Cuando los salarios no alcanzan, la vivienda expulsa, la precariedad se normaliza y los servicios públicos se debilitan, la organización colectiva y la movilización se convierten en herramientas imprescindibles para conquistar derechos.
La Huelga General es una expresión de esa fuerza colectiva. Es la respuesta de quienes producen la riqueza frente a un modelo que no garantiza unas condiciones de vida dignas. Es una herramienta para fortalecer la negociación colectiva, recuperar el poder adquisitivo de salarios y pensiones, frenar la especulación y exigir una redistribución justa de la riqueza.
Por eso llamamos a la participación activa de la clase trabajadora, de las personas pensionistas, de la juventud y del conjunto de los sectores populares. Porque el encarecimiento de la vida, la crisis de la vivienda y el deterioro de los servicios públicos no son problemas individuales: son problemas colectivos que requieren una respuesta colectiva.
No vamos a aceptar que la pobreza acompañe al empleo, que la precariedad sea nuestro horizonte ni que el esfuerzo de la mayoría siga enriqueciendo a una minoría. No vamos a resignarnos a vivir peor mientras se acumulan beneficios a costa de nuestras condiciones de vida.
La riqueza la producimos quienes trabajamos. Nos corresponde decidir qué sociedad queremos construir y exigir que esa riqueza se ponga al servicio de las necesidades de la mayoría.
¡Por salarios y pensiones dignas!
¡Por el derecho a la vivienda y unos servicios públicos de calidad!
¡Por la recuperación del poder adquisitivo y el reparto justo de la riqueza!
¡Frente a la precariedad y el empobrecimiento, organización y lucha!
¡Huelga General para defender una vida digna para la clase trabajadora!
