Desde la Confederación Intersindical manifestamos nuestro apoyo rotundo y solidario al comunicado emitido por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) el pasado 12 de octubre, sumándonos activamente a la exigencia de proteger las pensiones públicas como pilar fundamental de la cohesión social.
Denunciamos enérgicamente los continuos intentos de privatización total o parcial del Sistema Público de Pensiones impulsados, bajo falsos pretextos de insostenibilidad, por los sucesivos gobiernos y los grandes poderes financieros. Dicha ofensiva privatizadora se materializa en la implantación de los Planes de Pensiones de Empleo (PPE) y los fondos privados corporativos, instrumentos diseñados para desviar el dinero de la caja común de la Seguridad Social hacia el beneficio de la banca y las aseguradoras.
Frente a la propaganda oficial y las trampas matemáticas de las reformas, señalamos la sangría continua de poder adquisitivo que sufre la clase trabajadora y el colectivo pensionista: entre los años 2022 y 2026, mientras el coste de la cesta de la compra se incrementó en un +37%, las pensiones solo aumentaron un +20,3%, provocando una pérdida real acumulada del -16,7% para más de la mitad de pensionistas que cobra por debajo del SMI. A este deterioro se suma la pérdida del 3% derivada del cálculo mediante el IPC medio y la errónea aplicación de la paga compensatoria de 2022, junto a un recorte acumulado de casi 5.000 € (-1,5%) por la falta de deflactación de las tablas del IRPF desde 2015 (aumentar el límite de los tramos del IRPF en el mismo porcentaje que la inflación).
Por todo ello, la Confederación Intersindical asume las reivindicaciones de COESPE y exige:
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Defensa absoluta del sistema público de reparto y rechazo a la privatización: Exigimos la paralización de los Planes de Pensiones de Empleo y de cualquier fondo corporativo que pretenda mercantilizar la previsión social en beneficio de la banca.
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Subida real de salarios y pensiones ligada al IPC real (mínimo 6%): Reclamamos para el año 2027 una subida real del 6% con paga compensatoria y cláusula de revisión garantizada para frenar la pérdida de poder adquisitivo.
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Pensión mínima equiparada al Salario Mínimo Interprofesional: Ninguna pensión debe situarse por debajo del SMI, garantizando un mínimo de 1.221 € mensuales en 14 pagas (17.094 € brutos anuales).
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Auditoría pública inmediata de la Seguridad Social: Fiscalización de las cuentas públicas para cuantificar y devolver de forma definitiva los miles de millones de euros de «gastos impropios» saqueados de la caja común.
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Eliminación de las penalizaciones a la jubilación anticipada con 40 o más años cotizados: Supresión inmediata de los coeficientes reductores que castigan injustamente las carreras largas de cotización.
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Erradicación de la brecha de género: Medidas efectivas para corregir las desigualdades históricas del mercado laboral que recortan las pensiones de las trabajadoras.
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Control de precios de bienes esenciales y derecho a la vivienda: Intervención y regulación de los precios de los productos alimenticios básicos y la energía, fin del rentismo y erradicación total de los desahucios.
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Presupuestos para la ciudadanía, no para la guerra: Exigimos que no se desvíe ni un solo euro de las pensiones y los servicios públicos hacia el gasto militar o la militarización.
Hacemos un llamamiento a toda nuestra afiliación, al conjunto de la clase trabajadora, a la juventud y a las organizaciones sociales a llenar masivamente las calles en la gran manifestación estatal en Madrid el próximo 24 de octubre de 2026 a las 12:00 horas, cuyo recorrido partirá de la estación de Atocha.
¡UNIDAD, LUCHA Y DIGNIDAD OBRERA!
¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LOS DERECHOS, LOS SALARIOS Y LAS PENSIONES PÚBLICAS SE DEFIENDEN!
