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JUBILACIÓN A LOS 60 AÑOS PARA TODO EL FUNCIONARIADO. ¡BASTA DE DISCRIMINACIÓN!

por valladolid 18 noviembre, 2026
18 noviembre, 2026
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La Confederación Intersindical reclama la eliminación de las desigualdades entre el personal funcionario incluido en Clases Pasivas y el integrado en el Régimen General de la Seguridad Social, así como el derecho a acceder voluntariamente a la jubilación a partir de los 60 años.

La jubilación debe ser un derecho y no un privilegio condicionado por la fecha en la que se aprobó una oposición. Sin embargo, en la función pública española se mantiene una situación de desigualdad que carece de justificación: dos personas funcionarias que desempeñan las mismas funciones, asumen responsabilidades semejantes y han dedicado su vida laboral al servicio público pueden encontrarse con condiciones de jubilación muy diferentes por el simple hecho de haber accedido a la función pública antes o después del 1 de enero de 2011.

Esta división tiene su origen en la reforma introducida por el Real Decreto-ley 13/2010, que estableció que el personal funcionario de determinados colectivos que adquiriese esta condición a partir del 1 de enero de 2011 quedaría integrado en el Régimen General de la Seguridad Social a efectos de las pensiones, mientras que quienes habían ingresado anteriormente permanecieron en el Régimen de Clases Pasivas.

Una decisión que ha consolidado dos sistemas de acceso a la jubilación para personas que, en muchos casos, realizan el mismo trabajo y prestan el mismo servicio público. Una frontera administrativa y una fecha de ingreso que han terminado determinando derechos tan importantes como la edad a la que una persona puede poner fin a su vida laboral.

Dos regímenes, derechos diferentes

La desigualdad resulta especialmente evidente en las condiciones de acceso a la jubilación anticipada.

El personal funcionario incluido en el Régimen de Clases Pasivas puede acceder a la jubilación voluntaria desde los 60 años, siempre que tenga reconocidos 30 años de servicios al Estado. Sin embargo, quienes están incluidos en el Régimen General no disponen de un derecho equivalente en las mismas condiciones y se encuentran sometidos a las reglas generales de jubilación de la Seguridad Social.

En este último régimen, la edad ordinaria de jubilación se encuentra en un proceso progresivo de aumento hasta los 67 años en 2027 para quienes no acrediten 38 años y seis meses de cotización. Además, las modalidades de jubilación anticipada están sujetas a requisitos específicos y, por regla general, a coeficientes reductores que disminuyen la cuantía de la pensión.

De esta manera, puede existir una diferencia de hasta siete años entre la posibilidad de acceder voluntariamente a la jubilación a los 60 años y la edad ordinaria de jubilación de los 67 años. Una diferencia que no responde a las características del trabajo realizado, a las responsabilidades asumidas ni al desgaste acumulado, sino al régimen de encuadramiento que corresponde a cada persona.

La desigualdad también se manifiesta en la propia edad de jubilación forzosa: 65 años para el personal incluido en Clases Pasivas, frente a la edad ordinaria del Régimen General, que puede llegar a los 67 años.

No hay ninguna razón que justifique que una persona funcionaria tenga que prolongar su vida laboral durante más tiempo que otra que desarrolla un trabajo equivalente, únicamente por haber superado su proceso selectivo después de una determinada fecha. La igualdad de funciones y responsabilidades debe tener como consecuencia la igualdad de derechos.

Casi veinte años de incumplimiento y una disposición legal ignorada

Esta situación resulta todavía más injustificable si tenemos en cuenta que el propio legislador ya reconoció la necesidad de abordar estas diferencias.

La disposición adicional sexta de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, actualmente recogida en la disposición adicional quinta del Real Decreto Legislativo 5/2015, estableció que el Gobierno presentaría al Congreso de los Diputados un estudio sobre los distintos regímenes de acceso a la jubilación del funcionariado.

El mandato legal no dejaba lugar a dudas sobre su finalidad. El estudio debía incluir recomendaciones para garantizar la no discriminación entre colectivos con características similares y valorar la conveniencia de ampliar la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada para determinados colectivos.

Sin embargo, han transcurrido casi dos décadas y ese compromiso continúa sin traducirse en la solución que necesitan las personas afectadas. Los diferentes Gobiernos han mantenido esta cuestión aparcada, dejando sin respuesta una reivindicación que afecta a miles de trabajadores y trabajadoras del sector público.

La falta de voluntad política resulta aún más evidente si recordamos que el Defensor del Pueblo ya recomendó formalmente al Gobierno dar cumplimiento a esta disposición adicional, señalando que el mandato legal no estaba condicionado a ninguna otra actuación y que el tiempo transcurrido hacía injustificable su incumplimiento.

No estamos, por tanto, ante un problema desconocido ni ante una cuestión que no tenga encaje legal. Estamos ante una obligación pendiente y ante una discriminación que las administraciones públicas no pueden seguir ignorando.

Jubilación a los 60 años para todas las personas funcionarias

Desde la Confederación Intersindical consideramos imprescindible acabar con esta desigualdad

y avanzar hacia un sistema de jubilación que garantice los mismos derechos a quienes realizan trabajos equivalentes en las administraciones públicas.

No aceptamos que la fecha de ingreso en la función pública determine el derecho a disfrutar de una jubilación digna. Tampoco aceptamos que las personas trabajadoras tengan que prolongar su vida laboral hasta edades cada vez más elevadas mientras se ignoran las condiciones reales en las que desarrollan su actividad profesional.

La jubilación no puede abordarse exclusivamente desde criterios económicos ni utilizarse como una herramienta para prolongar indefinidamente la vida laboral. Debe contemplar también el desgaste físico y psicológico, la responsabilidad profesional, la salud de las personas trabajadoras y el derecho a disfrutar de una etapa de la vida después de décadas de servicio.

Por ello, la Confederación Intersindical reclama:

  • La eliminación de las diferencias discriminatorias entre el personal funcionario incluido en Clases Pasivas y el integrado en el Régimen General de la Seguridad Social.
  • El reconocimiento del derecho a la jubilación voluntaria a partir de los 60 años para todo el funcionariado, con condiciones homogéneas y acreditando 30 años de servicios o cotización reconocidos.
  • La revisión de los coeficientes reductores y de las condiciones de acceso a la jubilación anticipada, evitando que el sistema de jubilación al que pertenezca cada persona funcionaria suponga un perjuicio injustificado para determinados colectivos.
  • El cumplimiento inmediato de la disposición adicional quinta del EBEP, mediante la presentación del estudio comprometido ante el Congreso de los Diputados y la puesta en marcha de las reformas legislativas necesarias.
  • El reconocimiento de las particularidades y el desgaste de los distintos sectores de los servicios públicos, facilitando el acceso a la jubilación anticipada cuando las condiciones de trabajo así lo justifiquen.

La jubilación digna es un derecho, no un privilegio

Las administraciones públicas no pueden exigir igualdad de obligaciones y responsabilidades mientras mantienen diferencias injustificadas en los derechos de sus plantillas. Tampoco pueden continuar incumpliendo sus propios compromisos legales cuando está en juego la calidad de vida de miles de personas trabajadoras.

Es hora de acabar con una discriminación que se perpetúa generación tras generación de funcionariado. Es hora de que el Gobierno deje de mirar hacia otro lado, cumpla los compromisos recogidos en el Estatuto Básico del Empleado Público y acometa las reformas necesarias.

Desde la Confederación Intersindical defendemos que a igual trabajo y responsabilidades deben corresponder iguales derechos. La jubilación a partir de los 60 años debe dejar de ser una posibilidad reservada a una parte del funcionariado para convertirse en un derecho accesible al conjunto de las personas funcionarias.

¡Ni privilegios ni discriminaciones!

¡Jubilación voluntaria a partir de los 60 años para todo el funcionariado!

¡Por una jubilación digna y en igualdad de derechos!

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