El pasado 14 de diciembre, el Congreso aprobó tramitar una proposición de ley, a propuesta del Parlamento de Andalucía para modificar la LOMLOE, en el sentido de garantizar la gratuidad total de la Educación Infantil, tanto del primer ciclo como del segundo. El texto consta de un artículo único de modificación de la LOMLOE, el artículo 15 para que establezca que “las administraciones educativas garantizarán la universalidad del primer y segundo ciclo de educación infantil impulsando la gratuidad de manera progresiva a fin de atender las demandas de las familias”.
No hay duda sobre el significado del cambio que se quiere llevar a cabo. Las reacciones de las representantes de Vox y del Partido Popular, tras la aprobación de la propuesta, no dejan lugar a dudas. Tanto María de la O Redondo (PP), como Joaquín Robles (Vox) han celebrado que la iniciativa presentada “tiene en cuenta al sector privado”, al tiempo que criticaban la actual redacción de la LOMLOE “que aboga solo por la financiación de centros públicos”.
En efecto, lo que establece actualmente la LOMLOE respecto al primer ciclo de Infantil, es lo que se hace en toda Europa. Las administraciones públicas tienen la obligación de asegurar la oferta pública, no la privada. Y en este sentido, las subvenciones a centros privados de educación es una anomalía en nuestro país, que no se produce en la inmensa mayoría de los países europeos.
Los partidos más conservadores y retrógrados de nuestro país, no contentos con ello, quieren extender este modelo de doble red sostenida con fondos públicos, a los tramos no obligatorios del sistema educativo. Es decir, ampliar el negocio.
Es altamente descorazonador que el partido con mayoría en el gobierno de España (PSOE) se adhiera a iniciativas de este tipo y que se avenga a modificar una ley orgánica que, apenas se está empezando a implantar. En vez de preocuparse porque se cumplan las disposiciones que esta ley establece, se suma a operaciones promovidas por uno de los gobiernos autonómicos que peor tratan a la enseñanza pública. Como ya advertimos desde STACYL, la dotación económica que aprobó el Consejo de Ministros del 16 de noviembre para dedicar a la creación de plazas públicas en el ciclo 0-3 años no supone ni el 10% de lo que la LOMLOE obliga.
STACYL no solo no puede compartir ni entender esta iniciativa, sino que se va a oponer frontalmente a que se lleve a cabo. No podemos permanecer de brazos cruzados viendo como se adopta una medida que nos vuelve a alejar de Europa y lesiona gravemente la calidad de nuestra educación.
Igualmente es lamentable el silencio de la ministra, Pilar Alegría que, después de más de 5 meses al frente del Ministerio de Educación no se la conoce ni una mala palabra ni una buena iniciativa. Todos los déficits que arrastra el Ministerio desde la época de Isabel Celaá, se mantienen intactos. Este no es el camino que nuestra educación necesita para mejorar