Intersindical de Castilla y León ha llevado a cabo la primera de las sucesivas jornadas de memoria histórica en Valladolid.
Intersindical de Castilla y León ha llevado a cabo la primera, de sucesivas jornadas de memoria histórica, frente a la amenaza de una involución real con la que amenaza el Partido Popular y Vox en nuestra comunidad.
La Ley 20/2022 de memoria democrática, aunque imperfecta, porque no juzga crímenes de lesa humanidad es un paso en la dirección correcta. La Guerra de 1936 no fue una guerra civil entre hermanos, fue un golpe de Estado donde un ejército en superioridad no combatía contra otro en similares condiciones, sino que en colaboración con nazis y fascistas italianos masacraron población civil a la que convirtieron en objetivo para imponer un régimen de terror y dictatorial. En Castilla y León con resistencia por parte de civiles se puso en marcha una represión brutal de manera sistemática: desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, políticas de campos de concentración, trabajos forzados, torturas, violaciones e incluso secuestro masivo de recién nacidos. Con el régimen democrático, tras la dictadura, se impuso el silencio y el olvido. No hubo comisión de la verdad. España entera y por tanto Castilla y León se asientan sobre una enorme fosa común de la que poco se sabe y nada de los campos de concentración en nuestro territorio donde fueron represaliados los defensores de la democracia vigente hasta el golpe militar. El conocimiento de nuestro pasado reciente contribuye a asentar nuestra convivencia sobre bases más firmes, protegiéndonos de repetir errores del pasado. Este compromiso no puede seguir solo a merced del impulso de las asociaciones memorialistas, como actividad privada, sino que el Estado y las Comunidades Autónomas deben asumir la responsabilidad que han pospuesto durante 40 años.
Con objetivos como verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, se ha celebrado esta primera jornada en la que han intervenido como ponentes: Asunción Esteban Recio, doctora y profesora titular de Historia Medieval en la Universidad de Valladolid y presidenta de Territorios de la Memoria ha realizado un análisis minucioso de lo que supuso el golpe militar y la represión franquista en el medio rural de Castilla y León. En particular los crímenes de Valdestillas, donde fueron asesinados vecinos del pueblo a 60 km de la localidad, hasta 66 años después no se pudo recuperar sus cadáveres de una fosa común.
Tino Brugos, profesor de Historia de Enseñanza Secundaria y activista en diversos movimientos sociales nos expuso el desarrollo del movimiento memorialista en contexto variable en el que ha tenido que moverse durante años. Quienes ostentaban el poder cedieron espacios a nuevos protagonistas, procedentes del ámbito del antifranquismo, con la condición de que los recién llegados no cuestionaran el poder acumulado por los primeros. En este contexto, cualquier aspiración a juzgar los crímenes de la dictadura y a reconocer a quienes lucharon y padecieron las consecuencias de la misma, estaban llamados a caer en vacío. Las reivindicaciones y tenacidad de las asociaciones de memoria chocan con la sensibilidad de quienes no vivieron mal durante la dictadura, a la vez, incomodan a una izquierda que se autolimitó y renunció a la petición de justicia.
Rafael Morales, presidente de la Asociación Cultural La Desbandá puso luz al éxodo mayor de la Guerra Civil ocurrido en este país, donde más de doscientas mil personas tuvieron que huir de Málaga capital en febrero del 1937 en dirección Almería. Fueron perseguidos por Queipo de Llano, produciéndose un genocidio de población civil indefensa, en el que fueron masacradas más de 5.000 personas.
En la ‘fosa de los ferroviarios’ del monte Costaján en Aranda de Duero (Burgos) se descubrieron más de medio centenar de trabajadores ferroviarios asesinados por el franquismo. Buenaventura Durruti Santos, presidente de la asociación leonesa amigos del Ferrocarril desgranó los acontecimientos sucedidos en el sector del ferrocarril. Casi 83.000 profesionales afectados con sanciones, penas de muerte, cárcel, exilio o internamiento en campos nazis. La violencia franquista azotó al sector ferroviario desde 1936 hasta 1977, afectando al 88% de las plantillas, la razón se basa en que estaban bien organizados con una fuerte tradición sindicalista.
