Aunque aún falta algo más de medio año para que la ciudadanía castellanoleonesa sea llamada a las urnas, salvo sorpresas de última hora, se puede dar por amortizada la presente legislatura. En un comunicado que dábamos a conocer en mayo de 2015 denunciábamos los tres males que aquejan a la Administración regional: el envejecimiento, la disminución de efectivos y la externalización/Administración B. ¿Se han revertido estas tendencias durante esta legislatura? Podemos decir sin temor a equivocarnos que lamentablemente NO.
En 2015 se denunciaba que algo más del 37% del personal funcionario de los Servicios Centrales estaba “discrecionalmente descolocado”. Casi 4 años después podemos decir que sólo el 50% del personal funcionario ocupa su plaza, las comisiones de servicio suponen un 40% y hay un 30% de vacantes.
Se desconoce el número de las “atribuciones temporales de funciones”, una figura denostada porque a diferencia de la comisión de servicio puedes ir a un puesto que no sea de lo tuyo.
La Junta ha recibido un tirón de orejas del Tribunal de Cuentas por las “encomiendas de gestión”, instrumento jurídico en virtud del cual un organismo o ente público encarga a otra entidad, también de la administración, la realización de una determinada actividad, sin cesión de titularidad de la competencia. Según el Tribunal no se realizan con los procedimientos ni para las finalidades previstas por la normativa aplicable.
Una de las novedades que nos ha deparado esta legislatura ha sido la aprobación del Catálogo de Puestos Tipo. Castilla y León es la primera CC.AA en contar con un catálogo de estas características. Está recurrido en los tribunales por varias asociaciones y sindicatos.
En cuanto a la modificación de RPTs, que se hace a coste cero, supone cobrar menos y más movilidad y el “todos haciendo de todo”. La soledad de la Junta en esta cuestión lo dice todo.
Ha habido que denunciar ante el Comisionado de Transparencia porque Presidencia no facilita relación actualizada de RPTs, es decir, “la relación de puestos de trabajo de la administración autonómica actualizada y con la especificación de la situación de cada puesto en cuanto a titularidad y ocupación y, en su caso, descripción de las plazas que están ocupadas en comisión de servicio y fecha de inicio en esta situación, en adscripción provisional y en cualquier otra situación que no se pueda deducir directamente del listado de las RPT’s”. En marzo de este año el Comisionado obligó a la Consejería a facilitar el estado de las RPTs (Resolución 127/2017). La información es un derecho no un privilegio y cuando no se facilita es porque hay algo que esconder. No es de recibo que haya personas disfrutando durante quince años de una libre designación bajo la figura de comisión de servicios, situación más propia de un cortijo que de una administración del s.XXI. La respuesta de Función Pública: Modificación de la ley 7/2005 de Función Pública por la puerta de atrás mediante la Ley de acompañamiento de los Presupuestos del año 2017.
Con crisis y sin crisis nuestros complementos específicos siguen siendo de los más bajos del país.
A remolque del RDL 10/2015 estatal la Junta acordó la devolución en “diferido y cómodos plazos” del 75% de la extra navideña del 2012, canosos y moscosos, no aplicando en su restitución la misma celeridad que empleó en sustraer la extra y esos días.
Buena parte del Acuerdo Marco firmado en octubre de 2015 por la Junta y CCOO-UGT y CSIF ha quedado en declaración de buenas intenciones: carrera profesional, convenio colectivo, derogación autonómica y estatal de recortes, etc. Su continuación en el Acuerdo de la comisión de seguimiento de julio de 2017 ha seguido por parecidos derroteros con retrasos dilatados e injustificados en asuntos clave como los Concursos del personal funcionario o la regulación de las bolsas de empleo del personal laboral y funcionario.
Se agolpan los problemas (y los recursos de alegación) en procesos selectivos: enfermero/a en 2015, auxiliar administrativo, técnico soporte informático y administrativo (promoción interna)en 2017 y personal de servicios en 2018, en buena parte producidos por exámenes impropios de la categoría en cuestión.
Acorde a los nuevos tiempos que corren y por la presión de una ciudadanía que exige transparencia la Junta promulgó una normativa para combatir la corrupción institucional (Ley de Protección al Empleado Público Denunciante, Ley 2/2016). La Ley pervierte su sentido original ya que convierte al informante en investigado y en vez de proteger, amordaza.
Una de elefantes blancos o sea de despilfarro: CTACYL (Centro Tecnológico Agroalimentario). Es un ejemplo, entre otros. Parece ser que cada legislatura tiene que tener estos monumentos al dispendio.
Se sigue con malas prácticas que vienen de antiguo y que no parece haber interés en mandar al baúl de los recuerdos, dícese de las Bufandas secretas. Esta IX Legislatura tampoco ha servido para poner coto a la Administración B: Agencia de Innovación (antiguo ADE), ITACYL, Fundación Villalar, etc. Por lo tanto ha persistido la usurpación de funciones y tareas del empleado público en beneficio de estos tinglados clientelares.
El Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la Junta que data de 2013 ha sido prorrogado debido a la nula voluntad negociadora de los rectores de Función Pública. Actitud bien diferente a la adoptada en el convenio del personal laboral de la antigua ADE que ha permitido que trabajadores de una sociedad anónima sin titulación académica sean asimilados al personal laboral de los grupos I y II sin haber aprobado oposición.
Uno de los más graves retrocesos se ha producido en la Jubilación Parcial (contrato relevo) donde hemos pasado en pocos años del sistema 25% jornada (prejubilado/a) – 75% jornada (relevista) a 75% jornada (prejubilado/a) – sin relevista. Y ello condicionado a que la persona prejubilada no sea considerada “imprescindible” por su centro de trabajo. Por supuesto, el 25% de la jornada restante lo tendrán que realizar muy “amablemente” el resto de compañeros/as de la persona prejubilada.
Por fin ha habido complementación al 100% para todas las bajas a remolque de lo dispuesto por el gobierno de la Nación en el mes de julio aunque la Junta nos había obsequiado con una instrucción en noviembre de 2017 muy del estilo de las políticas desarrolladas estos cuatros años de “si pero no”.
Se insiste en la privatización de la Sanidad por la puerta de atrás, mediante entre otras, de la figura de las Unidades de Gestión Clínica, anulada por los tribunales y que persiste gracias a un consejero insumiso. No hay tiempo para cumplir las sentencias pero si para meter 40 libres designaciones de una tacada.
Y para acabar, el culebrón “35 horas” rematado en un infame acuerdo de “jornada estival” que ni concilia ni responde a nuestra pretensión de recuperación de las 35 horas, tal y como ya disfrutan empleados públicos de otras CC.AA o de la Administración Local. Entre su desidia y su miopía ideológica condenan al empleado público de la Junta a ser un empleado público de tercera categoría.