Ante las movilizaciones del 5 de mayo de 2016

Estos últimos años hemos venido asistiendo a un progresivo retroceso social, en el que el aumento de las desigualdades se ha traducido en una progresiva privatización y deterioro del sistema educativo, que profundiza el carácter subsidiario de la escuela pública respecto a la privada y que restringe el acceso a la Universidad únicamente a las élites.

Dicho proceso ha venido acompañado de recortes que han contribuido al desprestigio de lo público, buscando su deterioro para justificar las políticas del gobierno del Partido Popular, y que han afectado a la equidad del sistema, al mermar la capacidad de los centros para atender a la diversidad de su alumnado y establecer mayores barreras para el acceso a la enseñanza superior.

Frente a todo ello, la respuesta de la Comunidad Educativa ha sido una masiva movilización, promovida por mareas y plataformas, de rechazo unánime a la Ley Wert y a los procesos de elitización de la Universidad, con dos huelgas generales y una larga campaña de manifestaciones, que aunque incidieron en el descrédito del Ministro y de las políticas del PP, no impidieron la aprobación de dichas Leyes.

Sin embargo, el balance de aquellas movilizaciones, no ha sido negativo ya que se convirtió en expectativa de cambio político, al apoyar mayoritariamente opciones que defendían la derogación de la LOMCE, la paralización cautelar de su desarrollo, la reversión de los recortes educativos y la revocación de las contrarreformas universitarias (en especial el llamado 3+2).

Tras las elecciones del 20 de diciembre no se llegó, sin embargo, a un gobierno que respondiese a las reclamaciones de la ciudadanía y por eso, ahora, ante la convocatoria de nuevas elecciones, las organizaciones que defiende un modelo de Escuela Pública, laica y gratuita nos volvemos a dirigir a los grupos políticos que se presentan a ellas, para exigir la paralización de dichas leyes, decretos y de los recortes educativos impuestos, para, después, avanzar hacia un gasto del 7% del PIB, blindado institucionalmente frente a ataques a la calidad de la enseñanza como el sufrido en los últimos años.

En concreto, y como medidas urgentes, emplazamos a las organizaciones políticas de CyL a que se comprometan a apoyar medidas legislativas que impliquen paralizar la aplicación de los aspectos más graves la LOMCE y los recortes el curso 2016-2017. Pedimos en concreto:

1. La paralización de las pruebas de evaluación externa en todas las etapas, que cuentan con la negativa a que se realicen en siete comunidades autónomas y con el rechazo y objeción de gran parte de la comunidad educativa.
2. Titulación única para la educación obligatoria.
3. Recuperación del poder de decisión de los Consejos Escolares y claustros.
4. Dejar sin aplicación el valor académico que la LOMCE da a la asignatura de religión, como un primer paso hasta sacarla fuera del currículo.
5. Asegurar el derecho a la educación en igualdad de todos y todas, racionalizando la adscripción del alumnado en las distintas etapas de la educación obligatoria por encima de “la libre elección de centro”.
6. No aplicar nuevos recortes en educación y recuperar las ratios, los recursos y plantillas que tenían los centros públicos antes de la política de recortes.
7. La reducción del precio de las tasas universitarias al nivel que tenían al inicio de la era de los recortes. Paralización del 3+2.
8. Emplazamos igualmente a los partidos políticos a que reiteren su compromiso con el documento de Bases para un Acuerdo Social y Político, a favor de una nueva ley educativa inclusiva y democrática, que sustituya a la LOMCE, y a que avancen hacia un acuerdo similar que garantice una Universidad de calidad de tod@s y para tod@s.

   POR LA PARALIZACIÓN INMEDIATA DE LA POLÍTICA EDUCATIVA DEL PARTIDO POPULAR

   ¡OTRA EDUCACIÓN ES POSIBLE! ¡VIVA LA ENSEÑANZA PÚBLICA