La compañera Ana María García Ricondo, trabajadora estatutaria, con la categoría de cocinera en el Hospital Rio Hortega desde 1983, que no había tenido en toda su trayectoria profesional tacha alguna, ha sido despedida “de facto”, por la Gerencia del Hospital Río Hortega. Las circunstancias que han conducido hasta este punto están directamente relacionadas con las prácticas que la Gerencia del SaCyL desarrolla con sus propios trabajadores y trabajadoras: atemorizar, para impedir que ést@s reivindiquen sus derechos y no denuncien las irregularidades de las que son testig@s.
Ana y otros compañer@s comprobaron como en la web del SaCyL aparecían tres cursos para el personal de cocina en los que ella aparecía además como inscrita en el otoño de 2010. Su sorpresa fue mayúscula porque ni los cursos estaban
comunicados ni ella, por supuesto, se había apuntado. Como ciudadana responsable que es, puso en conocimiento del Juzgado de lo Penal tal irregularidad. A partir de ese momento comenzó un auténtico calvario para esa trabajadora.
En septiembre de 2011 recibe una citación para que asista a una reunión en Gerencia, en la que se le comunica, no se había hecho previamente, que se le abre un expediente informativo.
En noviembre de 2011 se le incoa un expediente sancionador por motivos tales como que estaba induciendo a los compañeros y compañeras a que no se apuntaran a los cursos de cocina que de forma precipitada convocaron ese año para cubrir las apariencias y justificar las irregularidades de los cursos ‘virtuales’, no realizados, del año anterior.
En los expedientes disciplinarios, que afectan también a otr@s compañer@s, a ella se le imponen cinco sanciones, tres de un mes y dos de dos meses. No una sanción de siete meses. Sanción que finalmente cumple entre el 1 de octubre de 2013 y el 30 de abril de 2014.
Cuando a Ana le quedan pocos días para finalizar la sanción le llega un Burofax en el que se le comunica que esta sanción “ha supuesto la pérdida de su puesto de trabajo, al haber superado los seis meses”. Cuestión que es falsa porque ella no tiene ninguna sanción de seis meses, sino dos de dos meses y tres de un mes, tal como ya hemos dicho.
El pasado lunes día 5 se ha constituido una Asamblea de Apoyo a Ana, que se compromete a impulsar una campaña en solidaridad con ella y de denuncia de lo que consideramos una absoluta injusticia.
El despido de la compañera no tiene justificación alguna más que la de represaliar a alguien que tiene el coraje y la dignidad de denunciar una serie de irregularidades en su centro de trabajo, un hospital público, ante la Administración de Justicia.
Desde la Asamblea, ese comportamiento lo consideramos ejemplar. No podemos permitir que las personas que se comprometen con la sociedad y con la dignidad sean represaliadas porque ello es la base para seguir estimulando las irregularidades y las corruptelas en nuestra sociedad.