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El 1º de Mayo, día internacional de las trabajadoras y los trabajadores, se conmemora desde 1889 como una jornada reivindicativa del movimiento obrero mundial. Este año, las circunstancias nos obligan a renunciar a las tradicionales manifestaciones y actos multitudinarios de hermandad y lucha; lo cual, sin embargo, no impide que sigamos reivindicando, con más fuerza si es necesario, lo que en derecho nos corresponde: trabajar para vivir con dignidad en una sociedad libre, igualitaria, justa, solidaria e inclusiva.
2020 es un año que será recordado como el año de la crisis sanitaria del Covid-19. Una epidemia que nos arrebató miles de vidas, la mayor parte de las cuales han sido personas mayores; personas de la clase trabajadora que, desde la humildad y en condiciones políticas muy adversas, hicieron un gran esfuerzo y sacrificio para conseguir que las condiciones laborales, sociales y económicas de la clase trabajadora mejoraran de forma sustancial. Y ahora, cuando gozaban de su bien merecido descanso, el virus se las ha llevado; por lo tanto, y ante todo, nuestro más sincero homenaje a todas ellas.
Asimismo, 2020 también debe ser recordado y grabado a fuego en nuestra memoria colectiva, como el año que dejó al descubierto las falacias y las miserias de la práctica y del discurso de esas minorías fácticas y poderosas, representadas por las élites económicas y financieras, que amparándose en las teorías neoliberales se erigen en garantes del progreso y del bienestar de todos. Falso, absolutamente falso.
En estas circunstancias excepcionales de crisis sanitaria, social y económica, hemos podido ser testigos de cómo su solidaridad pasa por alguna limosna casi insultante, por los despidos masivos, por los ERTE o por cuestionar las medidas de carácter sanitario y social tomadas por los diferentes gobiernos, con un discurso apocalíptico y grosero de la derecha más tramontana española y de otros países que, únicamente, pretende esconder sus verdaderos intereses y sus vergüenzas.
La realidad es que en esta crisis sanitaria y social se está superando, porque la sociedad se ha podido sustentar en dos pilares fundamentales: en la acción de los gobiernos y administraciones públicas y en la fuerza del trabajo de la clase trabajadora que ha mantenido en funcionamiento los sectores esenciales, a pesar de no disponer de las mejores condiciones de seguridad para su salud. Dos afirmaciones que nos permiten, hoy, primero de mayo, reivindicar el Estado Social y sus servicios públicos, y hacerlo desde la legitimidad que nos otorga constituir una mayoría social abrumadora e imprescindible.
Esta crisis sanitaria y social también ha dejado al descubierto cómo las actividades consideradas esenciales son en su mayoría trabajos precarios y mal pagados, poco o nada valorados en el mercado laboral. El trabajo de cuidados, la limpieza, la sanidad, supermercados, agricultura… son trabajos feminizados que se caracterizan por bajos salarios y precariedad.
También esta crisis ha puesto sobre la mesa la enorme injusticia de aquellas trabajadoras y trabajadores que trabajan sin contrato, mayoritariamente migrantes, su situación se hace especialmente dramática en esta crisis por su especial vulnerabilidad. Exigimos que se reconozcan sus derechos y su regularización inmediata.
Estas últimas semanas hemos podido ver cómo la sanidad, la educación, los servicios sociales y los sistemas de protección social públicos, han jugado un papel fundamental para conjugar, en la medida de sus posibilidades, los efectos negativos de la crisis; al tiempo que hemos podido comprobar que décadas de recortes en los servicios públicos como consecuencia de las políticas de austericidio han pasado factura, limitando su capacidad de respuesta y cómo, también, se ha constatado el fracaso de la colaboración público-privada en la gestión de estos.
Es por ello que, ante la evidencia, tenemos que reivindicar como clase trabajadora no sólo el fin de los recortes en los servicios públicos, sino su reforzamiento, articulando su protección constitucional, la gestión directa por los poderes públicos y garantizando la dotación presupuestaria para dotarlos de infraestructuras, personal y los medios necesarios para que puedan ofrecer un servicio de calidad, adecuado a las demandas sociales en cualquier circunstancia.
A partir de ahora, nada debe ser lo mismo; no podemos consentir que pase la crisis y todo vuelva a la normalidad anterior, porque de la experiencia se debe aprender y ha quedado claro que una sanidad pública potente es imprescindible; como también lo son la educación pública, los servicios sociales, los servicios públicos de emergencia, los sistemas de protección social, incluyendo las pensiones y la renta básica universal; la vivienda o el transporte público; así como otros sectores estratégicos, ahora privatizados, que deberían devolver, al menos parcialmente, a manos públicas como el energético, el financiero o el farmacéutico.
Ahora bien, si es importante reivindicar unos servicios públicos de calidad, no lo es menos exigir una intervención más rigurosa de los poderes públicos en la regulación de la actividad económica para salvaguardar el interés general. Si atendemos a las predicciones del FMI, se acercan tiempos convulsos, con una previsión de la tasa de desempleo que, en el peor de los escenarios, puede volver a situarse, de nuevo, por encima del 25%. Razón más que suficiente para decir que, como clase trabajadora, no estamos dispuestos a tolerar que la crisis la volvamos a pagar nosotros y que exigimos un mayor control sobre las relaciones laborales, de forma que, empezando por la derogación inmediata de las reformas laborales de 2010 y 2012, se prioricen medidas radicales de protección del empleo, por delante de cualquier consideración hacia la libertad y la capacidad de autorregulación del mercado.
La clase trabajadora constituimos la mayoría social, somos imprescindibles para el sostenimiento de cualquier sistema de organización social y, por tanto, tenemos la legitimidad para decir que la clase trabajadora va primero; que su protección debe constituir la prioridad de los diferentes gobiernos y administraciones en la planificación de la salida de la crisis y que plantaremos cara para que así sea. Plantaremos cara a los discursos neoliberales que piden el despido libre, el rescate público del sector privado sin ninguna contrapartida, la bajada de impuestos, el debilitamiento del Estado, los recortes en los servicios públicos o la protección social; como también lo haremos si se cede al chantaje de los poderes fácticos. Como clase trabajadora no vamos a quedarnos quietos, no vamos a dar ningún paso atrás; al contrario, queremos caminar y avanzar hacia una sociedad más libre, igualitaria, justa, solidaria e inclusiva y nadie nos detendrá.