Sin ningún tipo de duda, la moción de censura ha prosperado, porque la indolencia política del partido del gobierno del Estado frente a la corrupción y no de asunción de cualquier responsabilidad política, han actuado como catalizador para facilitar la mayoría suficiente en el Congreso, a pesar de las diferencias ideológicas de los partidos que han apoyado.
La Confederación Intersindical comparte este planteamiento por considerar que, acabar con la corrupción en las instituciones públicas, no solo en el orden jurídico, sino también en el político, era y es una prioridad de primer orden.
Nosotras y nosotros, como sindicato de clase, hemos repetido hasta la saciedad que “su corrupción es nuestra precariedad”, porque hemos considerado absolutamente execrable que se usurpen ilegalmente recursos públicos con ánimo de lucro personal o partidista, cuando se está condenando, al mismo tiempo, a la población a una existencia precaria. No sólo es una cuestión de ética política o de responsabilidad penal, que también, es una cuestión de justicia social.
Ahora bien, superada esta fase, hay que afrontar el nuevo escenario de conformar gobierno y de llevar a la práctica un programa político, que tiene que tener como prioridades la restitución de los derechos civiles, laborales y sociales; para lo cual se requiere una buena dosis de responsabilidad a los actoras y actores implicados directamente o indirectamente en la moción de censura.
En cuanto a los derechos civiles, es un pensamiento generalizado que ha habido un retroceso en los valores democráticos en el conjunto del Estado español. La negación sistemática y la vulneración constante de la libertad de pensamiento, de expresión, de reunión y manifestación han sido una constante en los últimos años que tiene que acabar inmediatamente restituyendo los derechos colectivos e individuales.
La situación de los derechos sociales no es muy diferente. La aplicación de políticas antisociales al dictado del IBEX 35, nos dejan un panorama social desolador, donde las desigualdades están a la orden del día y millones de personas malviven en condiciones de precariedad absoluta. Es imperativo proceder, entre otras actuaciones, a la derogación de las reformas laborales y de las pensiones y de la LOMCE, al establecimiento de pensiones y de un salario mínimo interprofesional dignos, así como de una renta básica universal, como medidas de redistribución equitativa de la renta que, junto a unos servicios públicos de calidad, contribuyan a recuperar el estado de bienestar y a poner en marcha unas políticas que garanticen una verdadera igualdad para las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.
Además, hay que acabar con la precariedad en el mercado laboral, generando trabajo estable y digno en el sector privado, poner freno a la contratación temporal y las nuevas figuras contractuales que empobrecen a las trabajadoras y trabajadores, y también poner fin a la situación del empleo precario en las administraciones públicas, que hay que superar consolidando el trabajo y garantizando la estabilidad del personal interino.
Queremos, una sociedad más justa, igualitaria y sin discriminaciones de ningún tipo y la queremos para todas las mujeres y hombres del Estado. Es por eso que exigimos altura de miras y responsabilidad política y social al nuevo gobierno surgido de la moción de censura.