La reforma laboral del gobierno Rajoy impuesta por el PP de la mano de los empresarios en 2012 supuso socavar aún más las condiciones de trabajo de personas asalariadas, limitó la capacidad de acción sindical e instauró por ley la precariedad y temporalidad para la mayoría social, particularmente la juventud y las mujeres, con especial incidencia en la población migrante. Vino a empeorar las reformas anteriores realizadas por los Gobiernos de Zapatero, de Aznar y de Felipe González. Debilitó la correlación de fuerzas de la clase trabajadora frente a la patronal y las administraciones y se convirtió en un clamor popular la necesidad de su derogación.
Paradigma de esta situación es la prometida derogación de la Reforma Laboral que, aún formando parte de los acuerdos suscritos por PSOE y Unidas Podemos para la formación del Gobierno de Coalición, se ha convertido en una suerte de culebrón ficticio que solo pretende desviar la atención del verdadero problema. Así, en lugar de abordar con decisión, no solo la eliminación de las modificaciones introducidas en las reformas laborales de los gobiernos anteriores sino también la introducción de regulaciones protectoras de la clase trabajadora que supongan un freno a la precariedad laboral existente, fomenta la negociación colectiva ampliando los marcos de representación y sitúa a las personas trabajadoras en una posición de mayor fortaleza frente a los desmanes de la patronal y de las administraciones. El debate se ha centrado en sí el término derogación es el adecuado, sin entrar en contenidos ni propuestas. No es apropiado el debate sobre el tipo de cosmética a utilizar para que apoyemos nuevamente una agresión a los derechos laborales que ya ha sido firmada ante Bruselas como capitulación para recibir los llamados fondos de recuperación o Next Generation UE. No podemos tolerar nuevamente recetas austericidas para salir adelante de la crisis COVID y más medidas neoliberales en detrimento de políticas sociales. Conocemos que los sindicatos de la concertación social en un acuerdo exclusivo y excluyente volverán a ceder ante las pretensiones del gobierno y de la Comisión Europea.
En este sentido, STACYL rechaza las falsas reformas y exige un nuevo marco de relaciones laborales en relación con las pretensiones de este gobierno basado en:
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Modificación de las causas de despido, impidiendo el acceso al ERE o al ERTE a las empresas con beneficios.
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Recuperación de la indemnización de 45 días por año trabajado en despido nulo o improcedente, estableciendo el derecho de la persona despedida a elegir entre la indemnización o la readmisión.
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Establecimiento del derecho a percibir los salarios de tramitación durante el periodo en que estuvo judicializado el despido y con la aplicación de un 10% de interés por demora, si el despido era declarado nulo o improcedente.
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Limitación de las modalidades de contratación, estableciendo el contrato indefinido como la contratación ordinaria y limitando los contratos temporales exclusivamente a situaciones puntuales, excepcionales y debidamente motivadas y justificadas, limitando su duración a 1 año en casos de puntas de producción, a 18 meses en casos de sustitución por IT de larga duración y a 3 años en casos de obra o servicio por tiempo determinado o sustitución de excedencias. Una vez transcurrido ese tiempo, de seguir existiendo la necesidad de ocupar el puesto de trabajo, el contrato devendría en indefinido automáticamente.
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Creación del Contrato de Aprendizaje, limitando su duración a 1 año y convirtiéndolo en indefinido una vez transcurrida su vigencia.
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Eliminación de las ETT, potenciando los Servicios Públicos de Empleo de las Administraciones Autonómicas.
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Establecimiento de un compromiso de que las empresas que obtengan una licitación de obra o servicios públicos realicen los trabajos con recursos propios, prohibiendo la subcontratación de las obras o servicios.
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Ampliar la participación en las Comisiones Negociadoras de los Convenios de Sector o Multiempresa, a todas las organizaciones sindicales con representación en cualquiera de las empresas del sector.
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Eliminación de las cláusulas de descuelgue del convenio.
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Prórroga tácita de los Convenios Colectivos una vez finalizada su vigencia y hasta alcanzar un nuevo acuerdo de Convenio.
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Establecimiento de la Jornada Laboral de 35 h. semanales sin reducción de salario.
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Modificación de la regulación de participación en la negociación colectiva, en el TREBEP, el ET y la LOLS para garantizar la participación, en todos los ámbitos, de las organizaciones sindicales que ostenten el 5% de representación en cada ámbito.
