El Sindicato STACyL, quiere comunicar que se posiciona en contra del proyecto de Decreto “sobre desarrollo de las estructuras orgánicas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y elaboración y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo”.
Y ello porque después de muchos años de reivindicar una renovación de las RPT pidiendo que fueran realistas con el trabajo que se estaba realizando, sobre todo por parte de los cuerpos C1 y C2, siempre por encima de lo previsto en la RPT, y asimismo que los cuerpos A1 y A2 tuvieran una RPT acorde con la realidad de sus respectivas funciones, la Junta lo único que ha hecho durante estos decenios es ir desmantelando la Administración Pública de la siguiente manera entre muchas otras;
-Creación de multitud de empresas públicas de derecho privado que se llevan enormes cantidades de recursos (más de 39 millones de euros de fondos públicos el año pasado), sin el control económico por parte de la Intervención Delegada.
– Campaña de desprestigio continuada del empleado público con el fin de facilitar la invasión de la Administración “B” y que sea socialmente aceptada.
– La generalización de los puestos de “libre designación” que permite escoger a los amigos para puestos en los que se está cerca de los que toman decisiones.
– Adelgazamiento de la Administración Pública a base de establecer raquíticas tasas de reposición por lo que en la actualidad algunos Servicios sufren hasta un 50% menos de empleados públicos. Recordemos las Oficinas Agracias Comarcales que se están cerrando como ejemplo inmediato.
– La implantación de la Administración electrónica para el año 2018, que en sí podría ser algo positivo, va a dejar en manos de empresas de derecho privado la mayor parte del trabajo administrativo.
Porque, ¿qué supone en realidad este nuevo Decreto que ahora se encuentra en proyecto? Pues ni más ni menos que desestructurar la Administración para facilitar que por las grietas se cuele definitivamente la gestión privada de los Servicios Públicos. Claro que esto ya ha comenzado hace tiempo. Desde hace años los cuerpos C1 y C2 de la Administración General de la Junta de Castilla y León, excepto los pocos que tienen puestos singularizados, están siempre a disposición de lo que diga la Jefatura de Servicio, o, la de Sección a la que se adscriban. Es decir, la movilidad es absoluta dentro y fuera de la localidad en la que ha concursado. Y ahora, con éste nuevo Decreto se quiere hacer exactamente lo mismo con los cuerpos A1 y A2 con lo que conlleva de posibles desapariciones de Secciones y Negociados que decidirá de forma unilateral la Junta.
En suma, la desestructuración de la Administración, la Administración paralela y la Administración electrónica, con el añadido de las libres designaciones, encomiendas de gestión y una nueva RPT que encajará como un guante en la famélica Administración que están dejando, conformará la destrucción a medio plazo de la Administración convirtiendo el artículo 103 de la Constitución Española en papel mojado.
Art. 103 CE
- La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
- Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.
- La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.