En los últimos años las Administraciones públicas, estatal, autonómica y local se han puesto a la cabeza de las empresas que más han destruido empleo en el estado español. Durante el año 2013 se han perdido 121.400 empleos del sector público (INE enero 2014) frente a los 77.500 del sector privado. 428.800 menos de empleos públicos respecto al tercer trimestre de 2011.
Números, que por lo abultado, no esconden los dramas individuales y familiares de todas y cada una de esas personas que suman cuatrocientas veintiocho mil ochocientas que fueron a la cola del paro.
Números que muestran el deterioro de los servicios públicos buscado por quienes pretenden hacer negocio y privatizarlos tachándolos de ineficaces. Porque la falta de plantillas suficientes en los centros de trabajo de las Administraciones públicas es el motivo de su supuesta ineficacia.
Estos datos al principio empezaron a ser posibles por el aumento del horario de trabajo, más tiempo de trabajo, menos reparto del trabajo. Pero les parecía insuficiente, así que los gobiernos de turno se inventaron los planes de redistribución de efectivos que consisten básicamente en mover al personal “excedente” a otros servicios “incompletos” de personal. (“Desvestir a un santo para vestir con harapos a otro”)
La realidad de la implantación de estos planes ha demostrado que estos tienen varias consecuencias y que buscan algo más que “mejorar servicios”:
- Los servicios, que no están incompletos, sino cubiertos con personal interino, que es despedido al cubrir el puesto personal fijo. DESTRUCCIÓN DE EMPLEO
- Se deteriora el servicio procedente al dejarlo con falta de plantilla, por tanto los procedimientos y servicios se ralentizan y aumenta la carga de trabajo. El traslado forzoso no lleva aparejada una formación específica para el desempeño del nuevo puesto. DETERIORO DE LOS SERVICIOS
- Castigan al personal más combativo contra los recortes que es generalmente al que se traslada forzosamente. REPRESIÓN Y MIEDO
El cierre de servicios como las residencias de personas dependientes o mayores que se está dando en todas las Comunidades Autónomas, especialmente en Castilla la Mancha, el País Valenciano o la Región Murciana, contribuyen a la sangría de empleo público. El personal interino desaparece, al fijo se le traslada forzosamente a otros centros o servicios suponiendo el despido del personal interino que hubiese en ellos.
Jugadas maestras que destruyen servicios, empleo y derechos laborales. Criminalizan y desprestigian al personal empleado público, achacándole la mala calidad de los servicios prestados, perpetuando en el “inconsciente” colectivo una fama inmerecida con el único objetivo de hacer negocio con la privatización.
Las preguntas son pues, si llevan tantos años destruyendo los servicios públicos, despidiendo personal, congelándoles y robándoles el sueldo desde el año 2010 hasta nuestros días al empleado público (pagas extras, planes de acción social, formación, pensiones…) y cerrando servicios ¿dónde está todo ese dinero supuestamente ahorrado? ¿Supone este saqueo de lo público mejoras para el conjunto de ciudadanas y ciudadanos de este país? ¿Hasta cuando esta sociedad lo va a seguir permitiendo?
Maite Lucerga-IRM