En una sociedad caracterizada por el aumento de las desigualdades, se hacen cada vez más necesarios unos servicios públicos
robustos y que lleguen en las mejores condiciones a la totalidad de la población, especialmente a la más golpeada por la crisis, como forma de invertir en la medida de lo posible esta nefasta tendencia. La entrada de las garras del mercado en el llamado “estado del bienestar” ha generado que aquello que se creó como un elemento compensador de las desigualdades se convierta en una mercancía más, degenerando el propio concepto de servicio público.
No es de extrañar que el proceso de pérdida de calidad y universalidad en los servicios públicos vaya íntimamente relacionado con la entrada de intereses privados en los mismos. Siempre va a hacer falta un sistema de salud, un sistema educativo, un sistema de comunicaciones y transporte… y esa oportunidad es la que no ha querido dejar pasar el neoliberalismo imperante. No hay más que ver la degeneración que ha sufrido la Sanidad Pública en los últimos años y como eso ha ido acompañado de un aumento de los seguros sanitarios privados que, actualmente, están totalmente integrados como normales en el imaginario colectivo.
Todo esto no es una casualidad, sino que es una estrategia bien planificada cuyos resultados se han podido ver desde hace décadas en lugares como Estados Unidos, Reino Unido o en muchas zonas de Latinoamérica, siempre con el beneplácito de grandes instituciones internacionales como la OCDE, el FMI o el Banco Mundial. En el Estado Español esta tendencia, cada vez más evidente, se inició a mediados de los 90 y en los últimos años (y con la excusa de las sucesivas crisis) se ha ido agudizando. Actualmente no hay banca pública, no hay empresas de telecomunicaciones públicas y los sistemas de transporte están privatizados en un alto porcentaje. Si hablamos de Sanidad y Educación, la tendencia es la misma, con el uso de los modelos de concierto, cesión de la gestión y la privatización de servicios, se ponen recursos públicos al servicio de la especulación privada, pero dejando una parte pública cada vez más enfocada a las personas que no pueden permitirse pagarlas y que, por tanto, no dan beneficios empresariales.
Además, es necesario hablar del empleo público que generan estos servicios, un empleo por lo general de mayor calidad y que las empresas adjudicatarias convierten en precario, tanto en condiciones de trabajo como salariales o de estabilidad en el empleo. (con las extraordinarias herramientas que le facilitan las últimas reformas laborales y la laxa regulación del marco laboral).
Todo esto va acompañado de un discurso neoliberal dominante que hace mucho hincapié en la necesidad de bajar los impuestos y de pagar lo menos posible, dando lugar a un contexto social individualista en el que cada uno o cada una tendrá aquellos servicios que pueda pagarse, dejando atrás al resto y olvidándose por completo del concepto de solidaridad.
La actual situación de crisis económica desencadena por la guerra de Putin en Ucrania no puede ser el pretexto para que se impongan nuevas políticas que contribuyan al deterioro de los servicios públicos. Estamos asistiendo a una serie de movilizaciones en Europa para defender, tanto el poder adquisitivo de la clase trabajadora afectada por la inflación, como aspectos que afectan al ámbito público: transportes, pensiones o sanidad. Seguimos luchando por la defensa de un estado de bienestar que cubra las necesidades del conjunto de la población.
Es por todo ello, que se hace cada vez más necesario defender unos servicios públicos universales y de calidad para todas y todos y esta lucha debe ser puesta en primera línea. No podremos aspirar a una sociedad más igualitaria si no tenemos los mecanismos para amortiguar esa desigualdad, y estos mecanismos son los servicios públicos.
No es admisible que se permita que se especule y se obtengan beneficios con los derechos más fundamentales de la ciudadanía, ni que se pongan en manos privadas sectores estratégicos para cualquier sociedad, y que suponen entregar el control de la soberanía de los gobiernos y del conjunto de la sociedad a los poderes económicos, dotándolos de las herramientas de chantaje para que las políticas se enfoquen en favorecer los intereses de unos pocos sobre los intereses de la mayoría social.
Porque es urgente y más necesario que nunca, desde la Confederación Intersindical trabajaremos por la unidad de acción y la generación y promoción de espacios de lucha que vengan a defender unos servicios públicos universales y de calidad para todas y todos, gestionados desde las administraciones públicas o a través de empresas públicas, con personal propio, con estabilidad en el empleo y derechos laborales dignos.
