Si por algo se caracterizan las Administraciones Públicas de nuestro Estado es por maltratar sistemáticamente a sus trabajadoras. Precariedad, escasez de recursos, plantillas mermadas, pérdida de derechos continuada, y, por supuesto, un enorme abuso de temporalidad. Este abuso no sólo incumple nuestras propias normas internas, sino también la legislación europea. El Estado español es el miembro de la UE más multado por ello, multas que abona el pueblo con sus impuestos. Sólo a paso de tortuga se va aplicando la normativa comunitaria. En 2015, se dio por fin traslado de la Directiva 1999/70/CE a la legislación nacional, modificando el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, limitando la contratación temporal en el empleo privado.
Pero, ¿y en el empleo público? Entre la dejadez del Legislativo, la negligencia de todas las Administraciones Públicas, y la obvia ventaja de tener trabajadoras precarias ocupando los peores puestos y turnos sin posibilidad de protesta, llevamos 25 años engrosando las bolsas de temporalidad abusiva sin que se resuelva este desastre.
Sabíamos que la Ley 20/2021 no era una solución completa y que generaba nuevas discriminaciones. Ahora tenemos dos sentencias sucesivas del Tribunal Europeo de Justicia, del 22 de febrero y del 13 de junio de 2024, que nos lo confirman: ni la figura del indefinido no fijo, ni la ridícula indemnización al cese, son sanciones válidas al abuso de temporalidad, y los procesos de estabilización tampoco cumplen con la Directiva Europea. El TJUE contempla la estabilidad en el empleo como la solución más adecuada.
Siendo las respuestas del TJUE tan claras, el ministro de Función Pública, D. José Luis Escrivá, ha emitido unas tramposas declaraciones donde se compromete a “hacer fijos a los interinos automáticamente”, pero, claro, la letra pequeña llega a aterrizarnos en la realidad: sólo si así lo dictamina la respuesta del TJUE a una nueva prejudicial que ha elevado esta vez el Tribunal Supremo (Tribunal que durante años y años se dedicó a bloquear preguntas prejudiciales a Europa sobre casos donde se solicitaba la fijeza).
Como dijo Tirso de Molina, ¿”tan largo me lo fiais”, señor Ministro? ¿Cuánto más tenemos que esperar? ¿Hasta que estemos todas cesadas? Urge una modificación del TREBEP, reconociendo el derecho a la estabilidad al personal en abuso de temporalidad.
Por ello, los sindicatos y organizaciones abajo firmantes solicitamos al Gobierno:
Paralización inmediata de los ceses de personal en abuso de temporalidad.
Reincorporación del personal en abuso injustamente cesado en procesos abiertos que no cumplen con la normativa europea.
Como sanción al abuso de temporalidad, otorgar la estabilidad a todas las personas que lleven trabajando más de tres años, en uno o varios contratos sucesivos, para la misma Administración empleadora.
Para que no se repita esta situación crónica de abuso de temporalidad, establecer los mecanismos de sanción necesarios mediante cambios normativos del TREBEP y demás legislación sobre Función Pública.
Sindicatos y organizaciones de todos los territorios, asociaciones y plataformas, podemos asegurarles que no vamos a dejar de luchar hasta que esto se consiga. Porque es de justicia: Que nos dejen trabajar, ¡¡quienes estamos, nos quedamos!!
