El CETA atenta contra la democracia.Y su ratificación está a las puertas del Parlamento español. Pide a los 10 diputados que pueden descarrilar el voto que paren el CETA.
¡ACTÚA AHORA! <https://www.wemove.eu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=40074&qid=44450814>
Hace poco una multinacional canadiense demandó al Estado Español por 21 millones de euros. ¿La razón? No permitirle abrir una mina en suelo gallego, lo que habría supuesto el uso de 1,5 toneladas de cianuro y 4 millones de litros de agua al día, así como la destrucción del paisaje. Dicha demanda se realizó ante un tribunal exclusivo para las multinacionales previsto en el tratado de comercio entre España y Panamá [1]. En 2015, España fue el país del mundo más demandado ante dichos tribunales.
El CETA, el tratado de comercio e inversiones entre la UE y Canadá, reforzaría este sistema de justicia paralelo creado exclusivamente para multinacionales, allanando el camino para que otras muchas multinacionales demanden a los gobiernos europeos por regular en favor de la ciudadanía y no de sus intereses.
El CETA está siendo sometido a votación en los parlamentos de los países de la Unión Europea. El gobierno español quiere llevar a cabo su ratificación con la mayor rapidez y el menor escrutinio posibles. La votación prevista para el jueves [2].
Pero contra todo pronóstico el Partido Socialista Obrero Español acaba de anunciar que no votarán a favor del CETA [3], y con ello ¡se abre una ventana de oportunidad para la ciudadanía, y para la justicia! Sólo necesitamos que algunos diputados del Grupo Mixto entiendan la importancia de representar los intereses de la ciudadanía, ¡y obtendremos una mayoría contra el CETA! Si estos diputado/as también cambian su intención de voto, habremos hecho historia. ¡Nos quedan solo unos días para hacer máxima presión! ¿Te sumas?
Actúa para pedirles que voten contra el CETA<https://www.wemove.eu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=40074&qid=44450814>
Nuestro futuro, el de la población de la UE, depende de que algunos diputados del Grupo Mixto – en concreto del Foro Asturias, Coalición Canaria y del Partido Demócrata Catalan – entiendan la importancia de representarnos, en lugar de privilegiar a las multinacionales.
El CETA tendría consecuencias nefastas sobre la gobernabilidad y la capacidad del Estado de proteger a la ciudadanía española. No solo daría a las multinacionales el poder de cuestionar leyes que defienden el interés común, arrasando con el dinero de las arcas públicas en el proceso, sino que supondría una grave rebaja de los estándares de protección del medio ambiente y de los consumidores, así como una amenaza para nuestros servicios públicos [4].
Si no logramos que estos diputados y diputadas cambien de opinión a tiempo, la ciudadanía española ya no podrá hacer nada para parar el CETA.
En Europa llevamos tiempo luchando contra el CETA y otros tratados similares. Pero mientras que el poder popular propinó un golpe de gracia al TTIP, el CETA ha llegado mucho más lejos y se encuentra a un solo paso de su ratificación definitiva. Pero todavía podemos pararlo si conseguimos que un solo parlamento nacional se oponga al tratado [5]. ¿Por qué no empezar con el nuestro?
Recientemente, una mayoría parlamentaria en Cataluña aprobó una propuesta de resolución oponiéndose a la firma de estos tratados. En dicha votación los 8 diputado/as del Partido Demócrata Catalán se abstuvieron para que la resolución prosperara. Pidámosles que sean coherentes con dicho voto, que representen los intereses ciudadanos y que por lo tanto, en la votación del próximo jueves voten NO al CETA.
Actúa para pedirles que voten contra el CETA<https://www.wemove.eu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=40074&qid=44450814>
Cuando hayas terminado de contactar a los diputados que pueden descarrilar este peligroso tratado, no te olvides de reenviar este correo a tus contactos. ¡Necesitamos ser miles!
[2] http://www.noalttip.org/ceta-al-dia/
[3] http://politica.elpais.com/politica/2017/06/21/actualidad/1498034565_214754.html
[5] Aún si el CETA fuese ratificado por España, todavía podría ser parado por otros Estados Miembros. Los parlamentos nacionales de países como Austria, Francia, Alemania, Holanda y varios parlamentos regionales de Bélgica ya han manifestado su intención de no ratificar el CETA.
Señores y señoras del:
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso y el Senado
Grupo Nacionalista Vasco del Congreso y el Senado (PNV)
Grupo Mixto del Congreso y el Senado
El próximo 29 de junio está prevista la votación sobre la ratificación del Acuerdo Económico
y Comercial Global entre la Unión Europea y Canadá (CETA) por parte del Congreso de
los Diputados.
Las y los representantes de organizaciones de organizaciones de la sociedad civil, sociales,
sindicales, profesionales, campesinas, de consumidores, ecologistas, animalistas, feministas, así
como personas representativas del ámbito cultural, académico, artístico y periodístico abajo
firmantes, demandamos a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y el Senado
de España, en especial al grupo Socialista, al PNV y al PDeCAT que defiendan el interés
general y los derechos de la cuidadanía votando en contra de la ratificación del CETA.
Durante el largo proceso de las negociaciones y la revisión legal, repetidamente hemos
señalado que encontrábamos grandes amenazas en el texto del CETA para la democracia,
los derechos laborales y sociales y el Estado de Derecho.
Nuestras objeciones son compartidas por un número creciente de personas en ambos lados
del Atlántico.
3,5 millones de persones de toda Europa, un verdadero récord, firmaron una petición en
contra del CETA y su tratado gemelo, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones,
TTIP.
Más de 2.300 gobiernos regionales y locales se declararon territorios libres del CETA
y del TTIP.
Hubo cuestionamientos constitucionales en Alemania, Francia y Canadá, y el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea estudiará pronto y dirimirá la legalidad de los controvertidos
privilegios de los inversores extranjeros en el CETA, a petición de Eslovaquia y Bélgica.
En el Estado español hay 8 parlamentos autonómicos y casi 200 municipios que han
aprobado resoluciones en contra del TTIP y el CETA, incluyendo ciudades tan relevantes
como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Valladolid. Cuatro gobiernos y parlamentos
regionales belgas votaron repetidamente en contra del CETA por sus impactos negativos y, en
particular, por los privilegios para los inversores y el peligroso tribunal de arbitraje “Sistema
de Tribunal de Inversiones” (ICS, Investment Court System). O sea, un tribunal para dirimir
los litigios inversor-Estado.
Tanto en Canadá como en la UE, organizaciones agrarias, sindicatos, la sanidad y educación
pública, operadores de gestión pública del agua, los organismos en defensa de los
consumidores, los grupos ecologistas y defensores de los derechos digitales, ONGs de la
Cooperación al Desarrollo y de los Derechos Humanos, así como asociaciones de pequeñas y
medianas empresas (PYME) rechazaron este tratado.
A pesar de las múltiples controversias, el gobierno español ha acelerado la ratificación
del CETA sin apenas permitir el control parlamentario, sin consultar a los parlamentos
autonómicos o los municipios, sin que exista un estudio de impacto ni análisis del contenido
del tratado a ratificar, sin pedir un informe preceptivo al Consejo General del Poder Judicial y
sin dejar tiempo para cualquier consulta pública sobre el texto final. El Congreso de los
Diputados acortó sus procesos de consultas internas, y limitó gravemente el debate sobre la
ratificación del texto de 1.600 páginas.
Para lograr apoyos para la ratificación del CETA y disipar preocupaciones, numerosas
declaraciones de los Estados miembros de la UE se anexaron al texto en los pasados meses. Sin
embargo, no se cambió ni una coma del texto oficial del CETA desde su versión final publicada
a comienzos de 2016. Y las declaraciones anexas, incluyendo un “Instrumento interpretativo
adjunto” no solucionan, tal como los expertos han demostrado, ninguno de los problemas que
surgen del conflictivo texto.
Queremos resaltar algunas de nuestras preocupaciones fundamentales sobre el tratado tal
como fue firmado.
● El CETA autorizaría a miles de empresas extranjeras a demandar a los países donde tienen
pensado invertir o han invertido por medidas legítimas y no discriminatorias para la protección
de la población y del planeta. Nada en el tratado o en las declaraciones anexas podría impedir a
las transnacionales utilizar los derechos de los inversores que otorga el CETA para intimidar a
los gobernantes, con el fin de que dejen de regular en interés público. Por ejemplo, para abordar
el cambio climático. El CETA, incluso deja la puerta abierta para indemnizar a los inversores
foráneos por beneficios no realizados (lucro cesante) si un cambio normativo afectará
negativamente a sus inversiones. Lejos de haber reformado “radicalmente” el ISDS (Investor-
State Dispute Settlement), el mecanismo de resolución de conflictos inversor-Estado, el CETA
lo expande y lo arraiga.
● El ICS del CETA garantiza a los inversores unos derechos sustantivos, pero no sus
correspondientes obligaciones. No permite a los ciudadanos, a las comunidades o a los
sindicatos presentar una demanda cuando una empresa viola normas ambientales, laborales,
sanitarias, de seguridad y otras. Esto puede ser incompatible con el derecho comunitario, ya
que establece un sistema legal paralelo que autoriza a los inversores a eludir los tribunales
existentes. El ICS es discriminatorio porque garantiza derechos a los inversores extranjeros
que no son permitidos ni a la ciudadanía ni a los inversores nacionales.
● En un neto contraste con los derechos de las corporaciones, las disposiciones del CETA en
cuanto a derechos laborales y desarrollo sostenible no pueden ser ejecutables mediante sanciones.
Quedan como declaraciones huecas que no tienen en cuenta los peligros que otros capítulos del
tratado significan para los derechos de los trabajadores, la protección del medioambiente y las
medidas para mitigar el cambio climático.
● El CETA limita seriamente la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los
servicios públicos y para revertir liberalizaciones y privatizaciones fallidas, a causa de las
cláusulas standstill y ratchet. El CETA es el primer tratado de la Unión Europea que hace de la
liberalización de los servicios la regla, y de una regulación de interés público la excepción a
través de la lista negativa de compromisos.
● Un estudio independiente de los impactos económicos del CETA predice que se
perderán puestos de trabajo, tanto en la Unión Europea como en Canadá; que el
crecimiento económico será más lento con el tratado, y que la pequeña ganancia en
ingresos iría principalmente a los dueños del capital y no a los trabajadores.
● El CETA hace que Canadá y la Unión Europea sean más vulnerables a las crisis
financieras puesto que se producirá una mayor liberalización de los mercados financieros.
También se restringirán severamente las reformas que tienen por objeto eliminar las causas
claves de la inestabilidad financiera, y que aseguren una mejor protección de los
consumidores y la economía en su conjunto.
● El CETA pone en riesgo el acceso de los ciudadanos a medicamentos necesarios para su
salud. En Canadá, el CETA aumentaría el precio de las recetas de medicamentos para las
administraciones provinciales, al menos, 858 millones de dólares canadienses por año. El
tratado contribuye a consolidar el modelo de monopolios, un modelo que se ha demostrado que
no está funcionando y que está generando barreras importantes en la producción de genéricos y
el acceso a los medicamentos. Algunos derechos de propiedad intelectual en el CETA se
parecen mucho al texto del ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), un tratado que fue
rechazado en 2012 por el Parlamento Europeo.
● Las normas del CETA en cuanto a la cooperación reguladora y las regulaciones
nacionales pondrán obstáculos adicionales a los gobiernos para ejercer su labor legislativa,
y reforzarán el papel de los lobbistas empresariales en los procesos de elaboración de las
políticas públicas. Con el establecimiento de un Comité Mixto se podrá adoptar decisiones
vinculantes sin participación democrática.
● En ambos lados del Atlántico, el CETA expondría a los agricultores a una presiones
competitivas que minarían su modo de vida a cambio de un pequeño beneficio para los
consumidores, aumentaría el control sobre las semillas, obstruiría las políticas de compra de
alimentos locales y amenazaría los estándares de la producción y procesamiento de alimentos,
destruyendo todo esfuerzo para impulsar la agricultura sostenible.
● Las medidas de precaución para proteger a los consumidores, la salud pública y el medio
ambiente pueden ser cuestionadas por el CETA, con la excusa de que son medidas gravosas,
que no tienen base científica y que pueden ser barreras disimuladas al comercio. Nada en el
texto del CETA o en las declaraciones anexas protege efectivamente el papel del principio de
precaución europeo.
Demandamos:
• A los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y el Senado de España, en
especial al grupo Socialista, al PNV y al PDeCAT que defiendan el interés general y
los derechos de la cuidadanía que representan contra las amenazas que implica el
CETA, votando en contra de su ratificación.
• la necesidad de un periodo de información y debate público en el que, tanto los
sectores sociales y económicos como las administraciones públicas afectadas por este
tratado, puedan participar y conocer todas las implicaciones e impactos que conllevaría
su entrada en vigor.
• trabajar de manera conjunta con expertos/as, asociaciones de jueces, sindicatos,
organizaciones ambientalistas y sociales y las administraciones públicas hacia la
democratización de los procesos de toma de decisión, tanto para el CETA como para
futuros acuerdos de comercio y de inversión de la UE, así como en un modelo
alternativo de comercio.
Tal como están las cosas, el CETA no es un tratado comercial progresista. Sería un error
gravísimo e irreversible ratificar este tratado, con sus muchas disposiciones enormemente
perjudiciales, como un modelo para futuros tratados.
El CETA impacta sobre el Estado de Derecho porque “elimina buena parte de las
competencias y la jurisdicción de los tribunales españoles”, usurpando las funciones judiciales
estatales, como señala María Concepción Sáez Rodríguez, vocal del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ).
Necesitamos un cambio de paradigma que conduzca a una política comercial democrática,
justa y sostenible, basada en la Convención Internacional de los Derechos Humanos, así como
en las necesidades de la mayoría de la población y de nuestro planeta. La ratificación del
CETA nos alejaría de ese cambio imprescindible.
Atentamente,