Los recientes informes sobre el estado de la biodiversidad del IPBES y sobre el calentamiento global de 1,5 ºC del IPCC, que alertan de un rumbo que lleva al deterioro de un gran número de ecosistemas, tanto terrestres como marinos, así como a la extinción de 1 millón de especies que se encuentran gravemente amenazadas por la actividad humana. También se está al borde de un punto de no retorno frente al cambio climático.
Una crisis climática que es consecuencia de un modelo de producción y consumo que ha demostrado ser inapropiado para satisfacer las necesidades de muchas personas, que pone en riesgo nuestra supervivencia e impacta de manera injusta especialmente a las poblaciones más pobres y vulnerables del mundo. No responder con suficiente rapidez y contundencia a la emergencia ecológica y civilizatoria supondría la muerte de millones de personas, además de la extinción irreemplazable de especies imprescindibles para la vida en la Tierra, dadas las complejas interrelaciones ecosistémicas.
La contundencia de los datos que señala como las regiones mediterráneas son de las más vulnerables al cambio climático, de forma que no limitar la temperatura global en 1,5 ºC será una factura demasiado cara para las generaciones presentes y futuras. La responsabilidad de las instituciones europeas y el Gobierno español, así como los gobiernos de las distintas comunidades autónomas y ayuntamientos coordinados con todos los grupos políticos, es estar a la altura de las necesidades que exige el momento.
Las organizaciones firmantes piden que en la nueva etapa política se declare, de manera inmediata, la emergencia climática y se tomen las medidas concretas necesarias para reducir rápidamente a cero neto las emisiones de gases de efecto invernadero, en línea con lo establecido por la ciencia y bajo criterios de justicia climática. Evitar que la temperatura global se eleve por encima de 1,5 °C debe ser una prioridad de la humanidad. Es necesario reducir con carácter urgente las emisiones de CO2eq (equivalente de carbono), reajustando la huella ecológica a la biocapacidad del planeta.
Lograr estos objetivos requiere necesariamente de:
Verdad. Asumir la urgencia de la situación actual admitiendo el diagnóstico, indicaciones y sendas de reducción reflejadas en el último informe sobre 1,5 ºC avalado por la comunidad científica. Reconocer la brecha de carbono existente entre los compromisos españoles y las indicaciones científicas. Los medios de comunicación tienen un papel fundamental para transmitir esa realidad.
Compromiso. Declarar la emergencia climática a través de asumir compromisos políticos reales y vinculantes, mucho más ambiciosos que los actuales, con la consiguiente asignación de recursos para hacer frente a esta crisis. Garantizar reducciones de gases de efecto invernadero en línea con el Informe del IPCC para no superar un aumento de temperatura global de 1,5ºC, que establece una senda de reducción de emisiones global entre el 40 al 60% para 2030 respecto a 2010.
Además, es imprescindible detener la pérdida de la biodiversidad para evitar un colapso de todos los sistemas naturales, incluido el humano.
Acción. Abandonar los combustibles fósiles, apostar por una energía 100 % renovable y reducir de manera urgente y prioritaria a cero las emisiones netas de carbono lo antes posible. Demandamos que los gobiernos analicen cómo lograr este objetivo y propongan los planes de actuación necesarios: frenen nuevas infraestructuras fósiles (centrales, exploraciones, grandes puertos, etc).; reducción de los niveles de consumo de materiales, energía y de las necesidades de movilidad; cambio de modelo energético sin falsas soluciones como la energía nuclear; reorganización del sistema de producción; educación, además de otras medidas contundentes. Todo esto debe quedar reflejado en la Ley de Cambio Climático y Transición energética y en el Plan Nacional Integrado de Clima y Energía.
Solidaridad. El deterioro ambiental de las condiciones de vida se sufre de forma desigual en función de la clase social, el sexo, la procedencia, o las capacidades. Defendemos que la transición ha de enfrentar estas jerarquías y defender y reconocer de forma especial a la población más vulnerable.
La degradación planetaria y la creciente desigualdad tienen un origen común y se alimentan entre ellas. Así, por ejemplo, muchas grandes empresas y bancos obtienen enormes beneficios a través de la especulación inmobiliaria, el desahucio, la gentrificación o la turistificación que expulsa a las familias de sus casas, a los vecinos de sus barrios. Aunque cada vez hay más inversiones en tecnologías para la transición energética, sigue habiendo muchos fondos que sostienen y financian a las grandes empresas del oligopolio energético en su explotación del planeta, y cuyo resultado es el incremento de la
pobreza, incluida la energética.
Los colectivos más desfavorecidos no pueden empeorar su situación, por lo que la transición se tiene que realizar con justicia social. En el caso de los territorios y trabajadores y trabajadoras afectados es preciso adoptar medidas para asegurar empleos alternativos en sectores sostenibles, afrontar la crisis energética, reducción de la jornada laboral, un mejor reparto del empleo y el desarrollo de otros mecanismos en torno a la Transición Justa que deben lograr que no se deje a nadie atrás.
Democracia. La justicia y la democracia deben ser pilares fundamentales de todas las medidas que se apliquen, por lo que han de crearse los mecanismos adecuados de participación y control por parte de la ciudadanía para abordar las cuestiones sociales difíciles y para formar parte activa de la solución mediante la democratización de los sistemas energéticos, alimentarios, de transporte, etc. En estos procesos se debe garantizar la igualdad de género en la toma de decisiones.
Realizar un giro de 180 grados en las políticas comerciales internacionales, acabando con la firma de tratados de comercio e inversión que ahondan la problemática del aumento de gases de efecto invernadero vía incremento del transporte marítimo interoceánico, así como de la aviación civil, que dificultan la lucha contra el cambio climático a través de las cláusulas de protección de inversiones (ISDS). Las medidas de mercado no pueden sustituir la adecuada planificación de la transición ecológica.
Los países empobrecidos son los menos responsables de la degradación planetaria. Sin embargo, son a su vez los países más vulnerables a las consecuencias de esta ruptura de los límites. Los países más enriquecidos son quienes acumulan una mayor deuda ambiental, por ello y atendiendo a los criterios de justicia climática, deberán ser países como los europeos los que deban adquirir unos compromisos mayores. Se hace necesario revertir el hecho de que el 20 % de la población mundial absorbe el 80 % de los recursos naturales.
En defensa del futuro, de un planeta vivo y de un mundo justo, las personas y colectivos firmantes nos sumamos a la convocatoria internacional de Huelga mundial por el clima, una movilización que será, huelga estudiantil, huelga de consumo, movilizaciones en los centros de trabajo y en las calles, cierres en apoyo de la lucha climática,… e invitamos a la ciudadanía y al resto de actores sociales, ambientales y sindicales a secundar esta convocatoria y a sumarse a las distintas movilizaciones que sucederán el 27 de septiembre.