Contra la privatización del sistema público de pensiones y por los derechos
sociales
El crack de 2008 provocado por la voracidad especulativa del capital
financiero cuyos beneficios millonarios estaban asegurados en paraísos
fiscales, produjo en España la crisis del ladrillo y la banca, produciendo un
más que evidente menoscabo de todo lo público y sus servicios comunes;
limitación del ámbito de los derechos, donde la pobreza y los procesos de
empobrecimiento son más que reveladores; el crecimiento exponencial de
las desigualdades sociales hacia el límite de polarización social.. Este
escenario, permitió al lobby financiero a través de la Comisión Europea
neoliberal, el FMI y el Banco Mundial secuestrar la soberanía nacional
mediante la imposición de reformas laborales, de pensiones y de la propia
Constitución, para asegurarse que el dinero que los sucesivos gobiernos
regalaban a los bancos y empresas españolas, lo pagara la ciudadanía del
país. Y así llegaron las reformas de Pensiones y Laborales, que fueron
impuestas sin apenas resistencia social, ni oposición de quien dice
representar a la ciudadanía trabajadora.
Las consecuencias de estas reformas, son visibles actualmente en el
mundo laboral, ya que ha propiciado contratos precarios, desmantelado la
negociación colectiva (lo que hace vulnerables las posiciones de los y las
trabajadoras, permite los destajos que estaban prohibidos, como el caso de
las Kellys, agricultura y subcontratas) y se han desregulado los ERE,
usados por empresas con grandes beneficios y sin revoluciones
tecnológicas, para despedir trabajadores y trabajadoras mayores de 50
años y sustituirlos por personal joven con contratos temporales, a bajo
costo y largas jornadas de trabajo como sucede en la banca actualmente.
Todo ello pagado con el dinero de los propios trabajadores y trabajadoras.
Por lo que se refiere a las pensiones, ahora son de menor cuantía y de más
difícil acceso, mientras que los recursos de la Seguridad Social (dinero que
los y las trabajadoras ingresamos en la caja de las pensiones) se han
empleado en gastos que le son ajenos con el objetivo de su
desmantelamiento. Se han realizados dos reformas que prolongaron la
edad de jubilación, desvalorizaron las pensiones por debajo del IPC,
aumentaron los años de cotización necesarios, penalizaron la jubilación
anticipada en largas carreras de cotización, impusieron el factor de
sostenibilidad que deja en manos de los gobiernos el importe de las
futuras pensiones incumpliendo la propia Ley General de la S.S.
Desde 2008 ha crecido la pobreza y la brecha económica, los ricos son más
ricos a costa lógicamente del aumento de ciudadanos y ciudadanas en
pobreza severa aun teniendo trabajo, siendo especialmente grave sobre
mujeres y menores. Hemos cambiado la justicia por la caridad, pero ha
emergido una creciente movilización social a partir del 15M, que no está
dispuesta a seguir permitiendo que nos arrebaten más derechos.
Ahora, con el pretexto de la epidemia de la COVID quieren dar un nuevo
empuje en el saqueo de los recursos públicos, en particular las pensiones.
Así han planteado un millonario plan de recuperación para las grandes
empresas para una falsa adaptación ecológica y de telecomunicaciones, en
vez de invertirlo en la economía de lo común, de lo público, que garantice
la suficiencia de los Derechos para toda la ciudadanía. Pero su
financiación no será a cargo de quienes se han lucrado ensuciando el
planeta o monopolizando las comunicaciones, sino a cargo de deuda del
estado. Y para pagar esta deuda se pone de condición que se privatice uno
de los pocos activos públicos que quedan: las pensiones. Creen que
pueden repetir impunemente lo que hicieron después del 2008.
Bajo un supuesto Acuerdo Social, cuyo contenido real desconocen los
trabajadores, pretenden iniciar la privatización de los ingresos de la
Seguridad Social y desviar hacia fondos buitre nuestras cotizaciones. Se
encubre esa jugada regulando que por 5 años se revaloricen las pensiones,
pero en realidad esto ya lo habíamos conseguido en la calle. Su propósito
es saquear las arcas del estado y desmovilizar el movimiento pensionista
intentando justificar que ahora sí que van a arreglar el problema. No es la
primera vez que en sanidad, educación o trabajo cada vez que hacen una
reforma el resultado para la gente es que las cosas empeoran.
Pero los pensionistas, los movimientos sociales y parte del movimiento
sindical no vamos a aceptar este anzuelo y hemos iniciado un proceso de
información y movilización. Frente a quienes justifican esas reformas,
exigimos que se auditen las cuentas de la seguridad social, porque la
propaganda de que es insolvente es simplemente falsa e interesada para
justificar los cambios. Ya 7 fuerza políticas del Parlamento y centenares de
ayuntamientos han dado apoyo a esta exigencia.
Además, frente la pretensión de imponer sus reformas, exigimos revertir
las anteriores reformas de pensiones y laborales para garantizar una
pensión digna para todo el mundo por encima de los 1080€ tal como
establece la carta social europea, acabar con la brecha de género de las
pensiones, adelantar la edad de jubilación, para que el trabajo se reparta y
sin penalizaciones ni coeficientes reductores. Por todo ello vamos a
volver como hace 2 años a Madrid este 16 de Octubre. Llamamos a que
la población se sume a un proceso de movilización que no hemos
abandonado y que tendrá continuidad en los próximos meses, hasta
revertir los intentos de privatización y degradación del sistema público de
pensiones que desde el sector financiero se quiere imponer en toda
Europa. Este es un problema del conjunto de la ciudadanía y por ello las
organizaciones firmantes llamamos a pensionistas, trabajadores y jóvenes
a movilizarnos solidariamente en esta jornada y a abrir un proceso de
debate sobre las pensiones en los centros de trabajo y estudio de todo el
país.
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LO PÚBLICO
Y LAS PENSIONES SE DEFIENDEN
