STACYL, junto al resto del colectivo RESPETO, formado por CCOO, Sumar, IU, PSOE, Podemos y CAVECAL, reclama un cambio de políticas en el medio rural y la gestión ambiental de Castilla y León.
Movilízate “Por el Respeto. Por nuestra tierra, nuestros montes, nuestros pueblos, por nuestra gente”
En su primer acto público, el movimiento ha anunciado la convocatoria de una manifestación el próximo 23 de noviembre en León en respuesta a los incendios forestales ocurridos este verano y para exigir “mayor atención al medio rural”.
Durante el acto, celebrado en Valladolid, los representantes de las organizaciones participantes leyeron un manifiesto en el que denunciaron “el abandono del medio rural” y “la falta de prevención” ante los incendios forestales. Bajo el lema “Por nuestra gente, nuestra tierra, nuestros montes, nuestros pueblos”, el texto sostiene que los fuegos del pasado verano, en los que murieron cuatro personas, “son la expresión más dramática de una gestión deficiente y del deterioro del medio rural”.
En el documento se ha criticado “la indiferencia institucional ante el deterioro del medio rural” y la falta de planificación para evitar desastres como los incendios del verano, que dejaron cuatro fallecidos y más de 60.000 hectáreas arrasadas en la comunidad. “El fuego no solo ha calcinado nuestros montes; ha quemado también las oportunidades, el futuro y la confianza de miles de personas que viven en los pueblos”, recoge el texto, que acusa a la Junta de Castilla y León de “haber gestionado el territorio con desidia y sin visión de futuro”.
En el manifiesto se ha señalado que la provincia de León ha sido una de las más afectadas por los incendios y ha acusado a la Junta de Castilla y León de “no haber cumplido su compromiso” de abrir un diálogo con los sectores implicados tras los siniestros.
También se ha criticado el despido del 30 % del personal del operativo de incendios y se ha reprochado que el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, calificara de “despilfarro” mantener activo el dispositivo durante todo el año, calificando esas palabras como “una ofensa para quienes se juegan la vida en la extinción de incendios”.
Las organizaciones firmantes reclaman un operativo público de incendios durante los doce meses del año, ayudas para las personas afectadas por los fuegos, un plan de vivienda rural, medidas de apoyo a jóvenes agricultores y ganaderos, y programas de empleo verde. También solicitan el refuerzo de los servicios públicos en el medio rural, la reapertura de consultorios médicos cerrados y un plan para evitar la exclusión financiera en los pueblos.
Las organizaciones reclaman además la reapertura de consultorios médicos, el refuerzo de las escuelas rurales, la mejora de la conectividad digital, y la implantación de medidas para garantizar la banca y los servicios básicos en todos los municipios. También piden una moratoria para las macrogranjas y plantas de biogás, una planificación racional de las instalaciones renovables y una estrategia para recuperar terrenos degradados.
“El medio rural no necesita limosnas ni visitas en campaña electoral, sino políticas serias, presupuestos estables y respeto institucional”, concluye el texto, que exige el cese del consejero Suárez-Quiñones y la asunción de responsabilidades políticas por parte del Gobierno autonómico.
