Los criterios de salud pública y el derecho a la salud de las personas ha de estar por encima del negocio. Defendemos la inmunización de todas las personas para prevenir la aparición y extensión de nuevas variantes. Que las negociaciones estén sometidas a transparencia y que los acuerdos establecidos y sus condiciones se hagan públicos.
Hemos visto que en todo el mundo, en nuestros territorios, ciudades, barrios y pueblos han enfermado y muerto millones de seres humanos, gente cercana, amigos, familiares y sobre todo ancianos y personas vulnerables. La pandemia ha traído restricciones de derechos y libertades y un aumento de las desigualdades y especialmente las relacionadas con la salud. Esta pandemia que fue declarada hace más de un año ha causado ya 3 millones de muertes según la OMS. Después de una gesta científica sin precedentes y con una aportación ingente de fondos públicos se dispone de vacunas de alta eficacia que supone una esperanza de acabar con la catástrofe humanitaria provocada por el virus. Sin embargo la vacunación discurre ralentizada por un régimen de producción y llegada de vacunas que es insuficiente . La vacunación se altera por alarmas de efectos secundarios graves que solo suponen un 0,00009% frente al 16% del riesgo de tener consecuencias graves por no tener vacunas. La producción, distribución y administración de vacunas está atada a la competición entre laboratorios y países. Las patentes, el secretismo de los contratos y la falta de transparencia son sus causas. La inversión pública global en la vacuna de la Covid-19 supera los 25.000 millones de euros, incluyendo el desarrollo, la implantación y la distribución. Esta inversión pública contrasta con el hecho de que la gestión posterior de las patentes está suponiendo unos grandes beneficios para el sector privado. Los principales laboratorios han repartido entre sus socios capitalistas 21,610 millones con un valor para vacunar a 1300 millones de personas. Pfizer y Moderna se están alzando como las vencedoras de una guerra entre laboratorios con unos precios que rondan entre los 11,22 y 61,50€ por la inmunización completa y quieren seguir aumentando dosis y precios. Todo ello frente a 2,5€ de Astrazeneca y 8,4€ de Janssen por sus inmunizaciones. La desigualdad mundial en el reparto con la consiguiente escandalosa pugna entre países ha hecho posible que de la desgracia salga una nueva ola de enriquecimientos millonarios de los gestores de los laboratorios: en los países ricos la vacuna llega a 1 de cada 4 y en los pobres, en el mejor de los casos,a 1 cada 500 puesto que a algunos no ha llegado la vacuna. Esto alimenta que el virus siga sin control infectando y provocando mutaciones que hacen ineficaces las vacunas actuales y que los países dependan del ansia de laboratorios con patentes protegidas. Las principales farmacéuticas se oponen a compartir la tecnología y la suspensión de patentes. Ante esto tienen que reaccionar los gobiernos y las leyes internacionales para garantizar que las vacunas lleguen a todas las personas y a todos los rincones de la geografía mundial independientemente de lo nutridas que tengan sus economías los distintos países.
Por ello exigimos:
A las autoridades estatales y europeas, que activen los mecanismos excepcionales que tiene la legislación internacional, por lo que las industrias farmacéuticas que disponen de vacunas de probada eficacia liberen las patentes, y permitan compartir conocimiento y producción, para acelerar la inmunización de todas las personas y para prevenir la aparición y extensión de nuevas variantes. Los criterios de salud pública y el derecho a la salud de las personas ha de estar por encima del negocio.
Que las negociaciones estén sometidas a transparencia y que los acuerdos establecidos y sus condiciones se hagan públicos.
Que se invierta en el sistema sanitario público, ya que cualquier causa que retrase la vacunación y la lucha por garantizar el derecho a la salud de toda la población, impide cualquier recuperación y enriquece a unos pocos millonarios. Porque ante una pandemia, hasta que no esté la última persona protegida, no lo está el resto. La vacuna de la COVID-19 no debe ni puede entender de patentes y de beneficios de las farmacéuticas. Se debe anteponer la salud y la vida de las personas