Las Administraciones Públicas de nuestra comunidad, Junta de Castilla y León, Diputaciones y Ayuntamientos, son las responsables de la gestión de los recursos públicos, que no son otros que los “recursos comunes o colectivos que provienen de los impuestos” y que, por tanto, pagamos los ciudadanos. Dicha gestión debe dirigirse siempre a la satisfacción del conjunto de las necesidades de la sociedad y nunca a la búsqueda del beneficio para uso de intereses privados. Por otro lado, los impuestos proporcionan trabajo a un buen número de ciudadanos, ya que el dinero que se nos detrae, directa o indirectamente de nuestros ingresos, en parte revierte otra vez en los ciudadanos en forma de salarios a cambio de la prestación de servicios: enseñanza, cultura, sanidad, policía, bomberos, servicios sociales, personas mayores, con discapacidades, dependientes y un largo etcétera. Pero en las últimas décadas las Administraciones Públicas han puesto todo su empeño en desprenderse poco a poco de servicios mediante su privatización o “externalización”.
Intentan embaucar hablando de la externalización de los servicios públicos, pero no es otra cosa que su privatización encubierta. Las Administraciones Públicas tienen la obligación legal y social de prestarlos, pero, políticos corruptos, amparados en argucias y artimañas ponen su ejecución en manos de empresas privadas argumentando mejoras en la gestión y ahorro del gasto público. Argumentos éstos que se revelan, una y otra vez, como vulgares mentiras que de tanto repetirlas parezcan axiomas no discutibles.
Ya es habitual que cada vez que se emprende la privatización se haga sin informar a los ciudadanos de forma clara y fehaciente de los costes comparados en similares condiciones del servicio gestionado por la Administración y por la empresa privada. Nunca lo hacen. Porque lo que realmente se pretende no es ni mejorar ni racionalizar la gestión, sino favorecer intereses privados con la apertura de nuevos nichos de negocio a quienes hasta ese momento los tenían vetados. Para las Administraciones implica liberarse, aparentemente, de la gestión y escabullirse de responsabilidades y conflictos laborales, desprendiéndose de personal cualificado con derechos laborales consolidados, que en el mejor de los casos será subrogado a otra empresa igual. Ello se traduce, inevitablemente, en el empeoramiento tanto del servicio prestado como de las condiciones laborales de los empleados. Significa que se pierde calidad del trabajo y, por tanto, del servicio, amén de abrirse compuertas a tasas y costes nuevos o mayores para los usuarios.
Por ello, estos procesos de externalización no son objetivos ni trasparentes. En muchos casos están amañados desde las instancias políticas, para que sea una empresa determinada quien se encargue de la prestación. De ese modo, se “preparan” los pliegos que definen características, necesidades y condiciones, o se trata de eludir la rigidez de la legislación que regula la contratación pública y se divide en lotes; se recurre a la creación de Fundaciones y Entes Públicos; o directamente se utiliza el soborno y el sobre bajo mesa. Estamos hablando de tráfico de influencias, cohecho y malversación de fondos públicos.
Todo este proceso de privatización de servicios está provocando graves perjuicios a los contribuyentes en su doble cualidad de ciudadanos y los trabajadores. Supone que una buena parte de los impuestos a los que contribuimos los trabajadores van destinados, no ya a satisfacer necesidades comunes de nuestra sociedad, sino al enriquecimiento del grupo empresarial que resulta “agraciado” con la contrata o adjudicación de estos servicios con criterios de rentabilidad económica. En definitiva, nos están robando.
Pero más grave, si cabe, es que con nuestros impuestos se esté contribuyendo al aumento alarmante de la precariedad y al deterioro de las condiciones laborales. Por ello, no es extraño que la patronal e incluso los políticos alimenten opiniones que arremeten contra los trabajadores y trabajadoras del sector público, retratándolos como indolentes y vagos, en un intento por desprestigiar su trabajo y justificar las externalizaciones.
Ejemplos de privatización de servicios públicos ya hay muchos, por citar algunos de ellos: los Servicios de Comedor de los colegios o de los hospitales, antes llevados a cabo con personal por la Administración, pero posteriormente entregados a empresas de Catering que ofrecen menús a bajo coste, y de peor calidad. En educación también se han privatizado distintos servicios como madrugadores, centros abiertos, servicios de mantenimiento de centros escolares y las actividades extraescolares de los centros entre otras. Los servicios de limpieza de hospitales, colegios, dependencias públicas, etc., cuyos trabajadores y trabajadoras antes públicos, ahora lucen en sus uniformes el logo de Eulen, Grupo Norte, Clece, entre otras. En el caso de los bomberos forestales, la privatización está poniendo en juego sus propias vidas. Caso reciente en la ciudad de Valladolid, ha sido la Escuela de Música Municipal donde el impago del ayuntamiento a la empresa concesionaria ha provocado el cierre y el despido de todos los empleados, para posteriormente, el propio ayuntamiento, adjudicar el servicio a una nueva empresa de reciente constitución, que parece ser próxima al PP.
Lo sucedido en la Fundación Teatro Calderón, dependiente del ayuntamiento de Valladolid, es otro suma y sigue. Dos despidos en cuatro meses de todo el personal del equipo técnico y todo apunta a que el proceso para adjudicar el nuevo servicio técnico a otra empresa no ha sido limpio y claro. Ni en el caso del Teatro Calderón, ni en la Escuela de Música, el Ayuntamiento ha exigido en el pliego de condiciones la subrogación del personal que durante años ha estado prestando el trabajo.
Sirve como ejemplo de Administración opaca y fraudulenta el caso del Jefe Mantenimiento del Ayuntamiento de Valladolid, quien contrataba a empresas de su familia o amigos para hacer trabajos que a veces ni siquiera se realizaban; o el de la Junta de Castilla y León, que al preparar un concurso para contratar un estudio relacionado con la contaminación que sufre el Lago de Sanabria, entre los papeles del pliego de condiciones para el Concurso Público se les coló un “copia y pega” que desvelaba el nombre del ganador de dicho concurso.
En definitiva, los servicios públicos, gestionados por las diferentes administraciones con los impuestos que todos y todas pagamos, satisfacen necesidades básicas de la ciudadanía como lo son el abastecimiento y saneamiento del agua, la iluminación y limpieza de nuestras calles, la extinción de incendios, los servicios de ayuda domiciliaria, la educación, la sanidad, la recogida de basuras, o el acceso a la cultura a través museos, de bibliotecas, o como sucede en Valladolid también con los centros cívicos y el propio Teatro Calderón.
Como ciudadanos críticos y responsables vamos a trabajar para recuperar la gestión pública completa de aquello que es de toda la sociedad y, por lo tanto, resulta fundamental no perder más puestos de trabajo y derechos sociales.
Para la defensa de todos los servicios públicos, exigimos el retorno de todas las competencias que las administraciones han trasvasado a la “administración b” o “administración paralela” (fundaciones, institutos, agencias, empresas públicas, empresas mixtas, etc.) y la cancelación de las privatizaciones que nos han arrebatado. Para esto hemos creado la ASAMBLEA CONTRA EL DESMANTELAMIENTO DE LO PÚBLICO.
Invitamos a todos los colectivos de trabajadores afectados por estas privatizaciones a movilizaros con nosotros. Podéis poneros en contacto con cualquiera de los integrantes de la ASAMBLEA CONTRA EL DESMANTELAMIENTO DE LO PÚBLICO.
¡Os invitamos a que os unáis a nosotros!