Aunque los cambios son aún insuficientes para garantizar la estabilidad en
el empleo del personal en abuso de temporalidad, muestran la
irresponsabilidad del ex ministro Iceta y de CCOO, UGT y CSIF al pactar un
Acuerdo rechazado por la mayoría de grupos parlamentarios
La ministra de Hacienda y Función Pública, Mª Jesús Montero ha anunciado
ante el pleno del Congreso de los Diputados que va a convalidar el Real
Decreto-ley 14/2021 de medidas para la reducción de la interinidad en las
Administraciones Públicas, importantes cambios que hacen referencia tanto a
su tramitación, como al contenido del mismo.
Forzado el gobierno por la posición mayoritariamente en contra de los grupos
parlamentarios, las negociaciones habidas en las últimas horas parecen haber
desembocado en un acuerdo por el que el RD-ley será tramitado como proyecto
de ley y en el mismo se introducirán distintos cambios: las pruebas del
concurso oposición podrán ser no eliminatorias según determinen las
Comunidades Autónomas y las entidades locales. Por otra parte, para quienes
lleven 10 ó más años en un mismo puesto de la administración para el cual no
se haya convocado Concurso-Oposición, no será obligatorio el presentarse al
concurso-oposición, para lo que se desarrollara el artículo 61.6 del
Estatuto Básico del Empleado Público, que establece la posibilidad del
acceso a la función pública a través de un concurso de méritos, en casos de
excepcionalidad.
Aún siendo avances muy modestos y que no solucionan el problema de la
inmensa mayoría de las personas afectadas, estas modificaciones demuestran
que lo que acordaron Iceta y el triunvirato de centrales sindicales, que han
quedado -sobre todo éstos- en especial evidencia. Es impresentable que se
base una actuación que afecta a 800.000 personas en descalificar por ilegal
una vía, que -en cuanto se han dado las primeras negociaciones serias con
los grupos parlamentarios- se ha aceptado.
Muchos son los factores que nos han llevado a esta situación. La incapacidad
y la torpeza de un ministro que no ha permanecido ni cinco meses al frente
del ministerio desde donde debía abordarse el problema y la falta de
escrúpulos, unida a unas ansías desmesuradas por obtener beneficios propios
por encima de los de las personas a las que decían representar, de unos
desnortados CCOO, UGT y CSIF, no son -ni mucho menos- los menos importantes.
En cualquier caso, la situación sigue estando sin resolver. La solución ha
de pasar necesariamente por la estabilidad de los empleados públicos
temporales en situación de interinidad, para lo que es imprescindible se
establezca una legislación que realmente recoja la consolidación del
personal en abuso de temporalidad, de acuerdo con lo establecido por el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 19 de marzo de
2020.
Los cambios anunciados por la actual responsable de Función Pública, Mª
Jesús Montero implican el desarrollo como proyecto de ley de la propuesta
ministerial, durante los meses de septiembre y octubre. En ese desarrollo
parlamentario se debe negociar con los distintos grupos parlamentarios el
contenido final de la ley, pero también con la representación sindical del
personal interino.
El Real Decreto-ley 14/2021, no solo no soluciona el problema, sino que lo
agravará aún más, ya que sanciona a las trabajadoras y trabajadores en abuso
de temporalidad, con el despido forzoso, si no aprueban unas oposiciones a
las que deben acudir en inferioridad de condiciones. Este personal que
durante décadas ha sacado adelante unos servicios públicos atacados
doblemente -por los recortes en la legislatura de la mayoría absoluta del
Partido Popular y por la crisis de la pandemia durante los años 2020 y 2021-
recibe ahora, como recompensa la puerta de salida, en unos despidos a bajo
coste. El Real Decreto-ley convalidado hoy promueve la precarización de las
plantillas: pretende resolver la temporalidad con más temporalidad, penaliza
a las y los usuarios de los servicios públicos, por lo que es una amenaza
latente para la continuidad de los mismos, y en definitiva- no resarce de
ninguna manera al colectivo de personal actual en abuso de temporalidad.
Secretariado de la Confederación Intersindical
21 de julio de 2.021