La Ley 27/2013 de 27 de Diciembre,de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, tras la fachada de su principio rector de Estabilidad Presupuestaria, esconde algunas cuestiones sobre las que convendría echar luz. Primeramente, se limita a los ayuntamientos el desarrollo de competencias y prestación de servicios. Los planes económico-financieros condicionarán hasta tal punto que atan a los ayuntamientos de pies y manos. Objetivo final: Eliminación de servicios, entes y demás organismos lo que se traduce en EREs. Por último, se abre de par en par la puerta de la privatización de los servicios , se vacían los ayuntamientos y ese poder se traspasa a las diputaciones, paradigma del clientelismo político en nuestro país. Mientras se ponen todo tipo de trabas y dificultades a la gestión pública se pone alfombra roja a la privatización (lo que ellos llaman externalización). Y es que finiquitada la burbuja del ladrillo, las grandes constructoras, a través de sus filiales de servicios, se aprestan a asaltar el jugoso nicho de mercado que supone la Administración Pública.
En otro orden de cosas mucho nos tememos que se modifiquen, a la baja por supuesto, las condiciones laborales de los más de 500.000 trabajadores que desempeñan a día de hoy sus funciones en la administración local, amén de una rebaja en sus retribuciones.
Desde STACYL reclamamos estabilidad de estos empleados públicos y garantías suficientemente claras del carácter público de los servicios que se prestan desde la Administración Local, ya sea la educación ó los servicios sociales. Además van a encontrarnos de frente si deciden modificar de manera unilateral las condiciones laborales.