Desde que la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) estableció la educación infantil como la primera etapa del sistema escolar español, la administración del Estado ha ido implantando una oferta escolar de segundo ciclo de educación infantil (3-6 años) universal y gratuita para todos los niños, que se hizo efectiva desde 2008. De hecho, lo que parecía utópico en un inicio acabó siendo posible por compromiso político y presupuestario que se alcanzó. Hoy por hoy, nadie cuestiona la universalidad y gratuidad de la oferta educativa a 3-6 años.
La situación del tramo educativo de 0-3 años no se encuentra todavía en el mismo grado de consolidación. Si bien es cierto que todas las leyes educativas (LOCE, 2002; LOE, 2006; LOMCE, 2013; y LOMLOE, 2020) han mantenido la responsabilidad compartida entre las administraciones, incluidos los ayuntamientos, para garantizar una oferta de plazas de titularidad pública, y que el número de plazas se ha ido incrementando, lo deseable y necesario dista mucho de ser aún una realidad.
El hecho es que las administraciones locales, como administración más cercana al ciudadano y a la problemática social, son las que más se han implicado económicamente en la creación y sostenimiento de plazas educativas de 0-3 años. Le siguen las familias, que aportan, a través de sus cuotas mensuales, una parte muy importante del coste total y, en último término, encontramos la administración autonómica, que es quien ostenta las competencias en educación, y el Estado, que ha tratado de perfil durante mucho tiempo esta necesidad (exceptuando algunas acciones puntuales de impulso en la creación de plazas públicas de 0-3 años, el 2008 y el 2013).
Tampoco podemos olvidar la indispensable labor que desarrollan los equipos de atención temprana en los centros de 0-3 años y que son fundamentales para la detección precoz y apoyo a las necesidades educativas especiales y problemáticas sociales; una tarea que es asumida por las administraciones más cercanas y que no ha recibido aún el apoyo económico estatal para sostener esta función.La nueva Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), en su disposición adicional tercera establece que «En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, elaborará un plan de ocho años de duración para la extensión del primer ciclo de educación infantil de manera que avance hacia una oferta pública suficiente y asequible con equidad y calidad y garantice su carácter educativo. En su progresiva implantación se tenderá a la extensión de su gratuidad, priorizando el acceso del alumnado en situación de riesgo de pobreza y exclusión social y la situación de baja tasa de escolarización. »
Desde STACYL, “consideramos prioritario que la Consejería de Educación traslade al Gobierno del Estado la necesidad de poner en marcha lo más pronto posible esta tarea. Asimismo, consideramos que el compromiso autonómico para acortar el plazo que nos lleve a la universalidad y gratuidad de la etapa 0-6 años debe ser mucho más firme y decidido, tanto en cuanto a atribución presupuestaria como a liderazgo político”.En este sentido y tras las declaraciones realizadas por el Presidente de la Junta de Castilla y León acerca de la extensión de la gratuidad al alumnado de dos años de zona rural en el curso 2022/23, desde STACyL pedimos que se negocie su implantación ya que supone una modificación de las condiciones laborales del personal que atiende a este alumnado.Además, STACyL quiere instar, a través de la Junta de Castilla y León, al Gobierno de España a hacer efectiva la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), y aprobar en los próximos 6 meses, el plan de ocho años previsto en la disposición para la progresiva universalización del primer ciclo de educación infantil. Asimismo, y en colaboración con las administraciones educativas estatales y autonómicas, deberá prever los recursos económicos y humanos necesarios para empezar a implementar el plan a partir del año 2022. STACyL también considera ineludible que el Gobierno del Estado incluya en los próximos Presupuestos Generales una aportación económica estable y progresiva para la creación y el sostenimiento de los centros de primer ciclo de educación infantil, garantizando, en primer término, la protección de la escolarización de los niños en situación de pobreza y con el objetivo de lograr una plena oferta de plazas de titularidad pública que garantice la universalidad de la etapa educativa de 0-3 años, como de hecho lo es en el resto de etapas educativas.El camino hacia la dignificación educativa de la etapa infantil de 0-3 años, así como también la dignificación de las condiciones laborales de las profesionales que trabajan en él, está apenas iniciado. Queda mucho camino por recorrer, STACyL permanecerá atento y activo a lo largo de esta trayectoria.