El Sindicato STACyL se posiciona claramente en contra del proyecto de Decreto “sobre desarrollo de las estructuras orgánicas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y elaboración y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo”.
Y ello porque después de muchos años de reivindicar una renovación de las RPT pidiendo que fueran realistas con el trabajo que se estaba realizando, sobre todo por parte de los cuerpos C1 y C2, siempre por encima de lo previsto en la RPT, y asimismo que los cuerpos A1 y A2 tuvieran una RPT acorde con la realidad de sus respectivas funciones, la Junta lo único que ha hecho durante estos decenios es ir desmantelando la Administración Pública de la siguiente manera:
-Creación de multitud de empresas públicas de derecho privado que se llevan enormes cantidades de recursos (más de 39 millones de euros de fondos públicos el año pasado), sin control económico como ha denunciado el propio Consejo de Cuentas.
– Campaña de desprestigio continuada del empleado público con el fin de facilitar la invasión de la Administración “B”.
– La generalización de los puestos de “libre designación”.
– Adelgazamiento de la Administración Pública a base de establecer raquíticas tasas de reposición por lo que en la actualidad algunos Servicios sufren hasta un 50% menos de empleados públicos. Recordemos las Oficinas Agracias Comarcales que se están cerrando como ejemplo inmediato.
– La implantación de la Administración electrónica para el año 2018, que en sí podría ser algo positivo, va a dejar en manos de empresas de derecho privado la mayor parte del trabajo administrativo.
Y después de todo esto la Junta se despacha ahora con un proyecto de decreto cuya palabra clave es “flexibilización” y todas y todos entendemos lo que esconden neologismos de este tipo. Pretenden una administración moderna pero ni se toca la Administración B, ni las comisiones de servicio, ni el millar de libres designaciones. Ni quieren oir hablar de concursos de traslados ni de oferta de empleo público digna de tal nombre.
Lo que si parece va tomando cuerpo es la idea de reducir los puestos tipo de los setecientos y pico ahora existentes a un centenar. La promoción horizontal desaparecería en la práctica.
Las estructuras orgánicas y RPTs dependerían de cada Consejería por lo que el Consejero/a de turno a través de una Orden hará lo que le venga en gana.
Una vez puestas en marcha las nuevas RPTs es verdad que se respetarán las retribuciones y competencias, hasta que te jubiles o concurses.
Aquellos puestos de trabajo vacantes más de dos años desaparecerán, lo que supone algo más de 3.000 plazas.
Llegados a este punto puede que algún lector/a albergue alguna duda. Es recomendable leer el artículo 2 de dicho proyecto de decreto y que cada cual saque sus conclusiones.
Las consecuencias últimas de toda esta operación de “flexibilidad” será un aumento exponencial de la desigualdad salarial (con algunos/as ganando demasiado y otros/as muchos/as ganando demasiado poco) y una administración caciquil a la vieja usanza.
En suma, la desestructuración de la Administración, la Administración paralela y la Administración electrónica, con el añadido de las libres designaciones, encomiendas de gestión y una nueva RPT que encajará como un guante en la famélica Administración que están dejando, conformará la destrucción a medio plazo de la Administración convirtiendo el artículo 103 de la Constitución Española en papel mojado.