Un 21% de puestos están sin ocupar, ya sea debido a vacantes o incapacidades temporales que no han sido sustituidas.
Según el estudio realizado por STACYL, con datos recabados a lo largo de este último trimestre de 2022, sobre 523 plazas correspondientes a personal funcionario que realiza tareas administrativas en centros públicos dependientes de la Consejería de Educación se hallan ocupadas 415 plazas, lo que significa que un 21% de puestos están sin ocupar, ya sea debido a vacantes o incapacidades temporales que no han sido sustituidas.
El problema es especialmente grave en provincias como León donde están ocupadas 91 de las 124 plazas disponibles (73%), Valladolid con 71 puestos ocupados de 98 posibles (72%) y Burgos con 63 de 79 (79%).
STACYL quiere llamar la atención de que el problema de esta falta de efectivos se agrava en los centros educativos públicos del medio rural con tasas de ocupación más bajas respecto a los centros de las capitales de provincia. También es destacable la falta de efectivos en CEIPs en comparación con los IES. En este punto STACYL demanda que se creen RPTs de este personal en CEIPs pues a la elevada matrícula en algunos de ellos se suma la creciente carga burocrática que recae cada vez más en las espaldas de los equipos directivos.
El estudio también ha puesto de manifiesto la deficiente implantación de la aplicación STILUS. A las evidentes taras de su funcionamiento, por ejemplo, a la hora de la exportación de datos, se une la falta de formación del personal en su manejo. Desgraciadamente una vez más la improvisación de la Junta ha convertido el período de matriculación en un auténtico calvario.
Por último y no menos importante, STACYL denuncia el imparable deterioro de las condiciones laborales y la falta de personal administrativo en las propias Direcciones Provinciales de Educación lo que está conllevando múltiples retrasos en la tramitación de contratos de sustitución, sean éstas por ITs o vacantes, jubilaciones parciales, pagos de atrasos, etc.