En la madrugada de hoy el Tribunal de Apelación de Salé del Reino de Marruecos ha dictado sentencia contra 20 saharauis que ya habían sido condenados a durísimas penas por un Tribunal Militar marroquí en un juicio farsa y sin garantías procesales en el año 2012. Su único delito es haber participado a finales del año 2010 en el denominado «Campamento de la Dignidad» en Gdeim Izik, en las afueras de la ciudad ocupada de El Aaiun, capital del Sahara Occidental. Fue una protesta pacífica en la que participaron más de 20.000 saharauis contra las desigualdades a que están sometidos por parte de Marruecos, el despido masivo de trabajadores y trabajadoras saharauis, los juicios arbitrarios y sin garantías, las violaciones de los derechos humanos, el saqueo de sus riquezas naturales…
Tras las presiones y movilizaciones exigiendo la anulación del juicio militar y la libertad de los presos políticos, el juicio fue anulado y han vuelto a ser juzgados, esta vez por un tribunal «civil», pero sin las mínimas garantías procesales. Repetidamente se ha dificultado o impedido la presencia de observadores y juristas internacionales, se ha expulsado de la sala a los acusados y a sus defensas, y se ha prohibido a los familiares de los presos entrar en la sala. El juicio ha sido uno de los más largos de la historia: se inició el 26 de diciembre de 2016 y se ha prolongado hasta el día de ayer, al haber sufrido continuas suspensiones y aplazamientos injustificados.
Amnistía Internacional y la Organización Human Rights Watch (HRW) pidieron al Reino de Marruecos, a través de un comunicado conjunto, que no se tuvieran en cuentan las confesiones y declaraciones realizadas bajo torturas, y que ningún acusado debía ser sentenciado ya que sus denuncias de torturas no han sido investigadas en todos estos años.
En los alrededores del Palacio de Justicia, las manifestaciones de protesta exigiendo la libertad de los presos se han multiplicado durante todo este tiempo y han sido reprimidas brutalmente por las fuerzas de ocupación marroquíes.
La sentencia dictada esta madrugada prácticamente confirma las penas impuestas por el Tribunal Militar. Han sido condenados sin pruebas, con relatos falsos y con otros obtenidos bajo tortura. Estas son las duras condenas impuestas: siete de ellos a cadena perpetua, cuatro a 30 años de prisión, seis a 25 años, tres a 20 años y dos han quedado en libertad pues sus condenas (6 años y 6 meses, y 4 años y 5 meses respectivamente) son inferiores a los 7 años que llevaban en prisión.
Estas durísimas penas demuestran una vez más la crueldad del ocupante marroquí y son un atentado contra la libertad y los derechos del pueblo saharaui. A su vez, demuestran la nula voluntad del Reino de Marruecos por cumplir los compromisos adquiridos con el acuerdo de alto el fuego del año 1991, por el que se comprometieron a realizar un referéndum de autodeterminación bajo la supervisión de las Naciones Unidas, que estableció para ese fin a la MINURSO en el territorio.
Tenemos la seguridad de que sólo el cese de la ocupación, el respeto a los derechos humanos, la puesta en libertad de los presos políticos saharauis y el ejercicio del derecho a la autodeterminación pueden abrir la vía de solución a este conflicto. Por ello, desde la Confederación Intersindical exigimos el cese de la ocupación marroquí y que se fije la fecha para la realización del referéndum de autodeterminación al que el Pueblo Saharaui tiene derecho y que las múltiples resoluciones de Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad reconocen.
Secretariado Confederal, 19 de julio de 2017