El escenario que se vive a nivel internacional supone un incremento de las amenazas sobre los derechos sociales y las libertades, para permitir un aumento de los beneficios de los financieros a costa de los pueblos. En esta dinámica los dirigentes occidentales y la OTAN, aumentan el gasto militar para engrasar la industria de guerra e intentar dominar el mundo a través de la militarización de la sociedad, la justificación del genocidio y la reducción de gastos sociales básicos como la sanidad o las pensiones.
El sistema neoliberal pretende seguir saqueando los recursos y derechos de la clase trabajadora, cada vez con menos complejos, aumentando las presiones para restringir, empobrecer y para intentar privatizar todo lo público al dictado de las élites financieras. La campaña de intoxicación de que la inflación está contenida, y que el IPC está disminuyendo, trata de prepararnos para que en el 2025 se produzcan subidas salariales y de pensiones públicas insuficientes, que ampliarían la brecha entre cesta básica de la gente y las groseras ganancias de la banca, entidades financieras y el empresariado.
En ese contexto de aumento de la incertidumbre, las plataformas y movimientos pensionistas de los diferentes Pueblos y Comunidades del Estado español llamamos a los más de 10 millones de pensionistas y al conjunto de la clase trabajadora a seguir vigilantes y movilizados, como venimos haciendo desde hace más de seis años. La dignidad de las pensiones no es ningún regalo, sino un derecho de toda la clase trabajadora. Las reivindicaciones pensionistas se han expresado claramente en torno a la suficiencia de la pensiones mínimas junto con la del salario mínimo por encima de los 1200 €, acabar con la brecha de género, asegurar la actualización de las pensiones con el IPC real, garantizar que las jubilaciones anticipadas de 40 o más años cotizados no se penalicen, cumplir la obligación legal de la Auditoría de cuentas de la Seguridad Social, mantener la tasa de reposición de las pensiones públicas, así como también parar los intentos de privatización que suponen los Planes de Pensiones de Empleo, entre otras propuestas. Todo ello supone unas reivindicaciones claras, compartidas y sentidas por el conjunto del movimiento pensionista.
Sin embargo, a pesar de que llevamos años planteando estas exigencias, vemos como por debajo de buenas palabras, las medidas que aprueba el gobierno y que desgraciadamente algunos dirigentes sindicales aceptan, sin dar explicaciones a sus propios afiliados, van en el sentido contrario. Así debemos denunciar en especial como en los últimos meses:
- Promocionados por el anterior ministro Escrivá a través de la ley 12/2022, se han pactado que parte de los incrementos salariales fueran desviados hacia “planes de pensiones de empleo” (PPEs). Los PPEs son productos financieros (“de pensiones” no tienen más que el nombre) de capitalización individual, donde lo único seguro es el beneficio de las entidades financieras que los gestionan. Están “incentivados” con dinero público (que pagamos toda la sociedad), tienen rebajas de las cotizaciones sociales para los empresarios (menos salario indirecto de las personas trabajadoras, menos ingresos de la caja de la Seguridad Social) y otorgan rebajas en el Impuesto de Sociedades de las empresas. Los PPEs se nutren exclusivamente con dinero de los y las trabajadoras, con parte de los incrementos salariales pactados en convenio, que deberían ir a las nóminas de las personas trabajadoras. En la práctica, los empresarios no aportan nada a los PPEs, y solamente se benefician de las rebajas de los impuestos y de las cotizaciones que dejan de pagar. Además, suponen el desvío de cotizaciones de la Seguridad Social, hacia el beneficio privado, debilitando de esa manera las pensiones públicas. Tratan con ello de dividir aún más a la clase trabajadora, entre las personas que tengan esos PPEs, y las que no tengan (y que quizá ni siquiera tengan convenio colectivo).
- Se publicó un nuevo acuerdo el 31 de Julio de 2024 entre el gobierno, las organizaciones empresariales CEOE/CEPYME y las organizaciones sindicales CCOO/UGT, por el que se prolonga y desregula todavía más la edad de jubilación con: 1) La Ampliación de los supuestos de la jubilación parcial, como ejemplo. mujeres que tienen pocos años de cotización por dedicarse a los trabajos de reproducción y cuidados y necesitan de un segundo trabajo para mejorar su pensión, autónomos y sectores en general con pensiones bajas. 2) El Incremento con carácter semestral del 2% de la pensión demorada, tratando de retrasar la edad de jubilación para reducir los gastos de pensiones, aunque suponga para muchos colectivos especialmente castigados a igualar la edad legal de jubilación con la esperanza de vida. 3) La Modificación de la jubilación activa, eliminando el requisito de contar con la carrera completa de cotización para tener acceso a la jubilación activa y reconocer la compatibilidad de la jubilación activa con los incentivos de la jubilación demorada. 4) Otorga más capacidad a las Mutuas patronales para presionar sobre las bajas de incapacidad temporal, a la vez que se les ofrece la financiación que el gobierno recorta a la sanidad pública para cubrir esas tareas. Como no se adoptan decisiones firmes para la mejora y desarrollo de los sistemas sanitarios públicos, se pretende solucionar el problema poniendo en manos de las mutuas, los diagnósticos y tratamiento de las patologías traumatológicas.
- En los próximos meses (marzo de 2025) se le ha otorgado a la AIREF (una institución al servicio de los financieros, controlada por la gran banca), la tarea de realizar un informe sobre la viabilidad de las pensiones públicas que, tal como criticamos en su momento puede abrir una nueva fase de recortes.
Frente a ello, denunciamos que la mesa de Diálogo Social no nos representan tanto más cuanto los pensionistas no participamos en las elecciones sindicales, por tanto, no consideramos aceptables acuerdos que nos afecten, tomados sin contar con nosotros. Tanto más, cuando se adoptan sin tener en cuenta las exigencias de las movilizaciones pensionistas, que desde hace 10 años se vienen desarrollando. Por el contrario, tras más de seis años de movilizaciones, estamos siendo ninguneadas como interlocutores legítimos. El mes de mayo, solicitamos un encuentro con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Elma Saiz Delgado y seguimos esperando respuesta.
Exigimos medidas distintas. Insistimos en que el Sistema Público de reparto es el único que puede garantizar la solidaridad, que todas las personas trabajadoras tengan pensiones públicas suficientes, que se mejore la seguridad social y su cobertura universal, así como en la necesidad de derogar los aspectos negativos de todas las reformas de pensiones y laborales que destruyen los derechos de las personas trabajadoras y pensionistas. También recordamos que retrasar la edad de jubilación aumenta las dificultades de nuestra juventud para encontrar un trabajo digno y tener un futuro con derechos. Pero no solo los pensionistas deben defender este sistema, es un problema de toda la clase trabajadora por lo que instamos a TODOS LOS TRABAJADORES Y SINDICATOS a que se comprometan en la defensa del sistema público de pensiones, no incluyendo en los CONVENIOS COLECTIVOS la aplicación de los PPEs. Llamamos a todas las personas trabajadoras, de cualquier edad, a defender SU DERECHO A UNA PENSIÓN DIGNA Y SUFICIENTE DEL SISTEMA PÚBLICO.
Seguimos denunciando el incumplimiento legal tras más de dos años, que supone la no realización de la Auditoría de cuentas de la Seguridad Social, recogida en la Ley 21/2021, que demostraría la sostenibilidad del sistema y evidenciaría la deuda provocada por el uso inadecuado de las cotizaciones para gastos impropios ajenos a las pensiones.
Por todo ello las plataformas y movimientos de los pueblos y comunidades del Estado, coordinados en la Unidad de Acción pensionista, para exigir que sea escuchada la voz de los pensionistas y situar en la agenda como una cuestión central para toda la sociedad la defensa del Sistema Público de Pensiones, convocamos el próximo sábado 26 de octubre de 2024 a una Gran Manifestación pensionistas, trabajadoras y ciudadanía en Madrid.
¡Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas y los derechos se defienden!
ASJUBI40 (Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar)
COESPE (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones)
EHPM (Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria)
MADPP (Movimiento Andaluz por la Defensa de las Pensiones Públicas)
MODEPEN (Movemento Galego en Defensa das Pensións e os Servizos Públicos)
UNIDAD COESPE (Coordinadora Estatal de Pensionistas)
PLATAFORMAS DE PENSIONISTAS de Badajoz, Móstoles…
26 DE OCTUBRE. MARCHA UNITARIA SOBRE MADRID EN DEFENSA DE LAS PENSIONES PÚBLICAS.