Con cuatro años de inestabilidad política, tres convocatorias de elecciones generales y una moción de censura que acabó con el mandato de Mariano Rajoy, el próximo 28 de abril las urnas decidirán un nuevo gobierno central. Durante esta etapa, la Confederación Intersindical ha exigido a los partidos políticos en cada contienda electoral revitalizar y dignificar los servicios públicos, revertir las privatizaciones en sanidad, educación y otros servicios públicos, derogar las reformas laborales, las reformas de las pensiones, así como las leyes que recortan derechos; y apostar claramente por las trabajadoras y trabajadores con la dotación presupuestaria correspondiente para aquellas leyes que protegen a las personas –Ley de Dependencia, Ley de Igualdad, Pacto contra las Violencias Machistas, servicios sociales, transporte, vivienda–.
Exigimos la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, acabar con la precariedad laboral y la exclusión social –1080 euros de salario mínimo, para renta básica o pensión mínima–, que garanticen una vida digna, por lo que las políticas aplicadas no pueden estar sujetas a intereses ajenos a la mayoría de la población, marcados por los mercados, las directrices neoliberales y los dogmatismos nacionalcatólicos. Esto permitirá construir un modelo de Estado democrático, equitativo, compensador, laico, diverso y respetuoso con las culturas y lenguas territoriales, que proteja y cuide nuestro patrimonio natural y medioambiental, sobre una economía respetuosa con el planeta y para las personas.
Hace menos de un año, la Confederación Intersindical valoró positivamente la superación de la moción de censura presentada por el grupo socialista en el Congreso de los Diputados y la constitución del nuevo gobierno. Sin embargo, el breve periodo gubernamental de Pedro Sánchez ha dado pocos frutos en la recuperación de los derechos sociales perdidos en el tiempo anterior.
El acuerdo retributivo entre el Gobierno y los sindicatos CCOO, CSI-F y UGT para el periodo 2018-2020 ha renunciado a la recuperación del poder adquisitivo del empleado público, que actualmente se sitúa en una pérdida del 13 % desde los inicios de las políticas de austeridad. Por otra parte, en cuanto a la precariedad laboral y la inestabilidad en el empleo, sigue en marcha la aplicación de las medidas contempladas en el Acuerdo para la Mejora del Empleo Público de 2017, unas medidas que ni están reduciendo la interinidad ni aseguran la consolidación del personal interino afectado, que puede verse abocado a la pérdida de su puesto de trabajo, contraviniendo las directrices de la Unión Europea.
Ante esta nueva convocatoria de elecciones generales, nos encontramos con un mapa político complicado y con serios riesgos de involución. Las fuerzas progresistas siguen poco cohesionadas, cuando no divididas, mientras la derecha -también fragmentada pero proclive a pactos como recientemente en Andalucía- esgrime posicionamientos ultraconservadores que nos pueden hacer retroceder más allá de las anteriores políticas de Mariano Rajoy. La Confederación Intersindical declara su oposición a las propuestas involucionistas y antidemocráticas de los partidos conservadores, que inciden en el incremento de las desigualdades sociales en provecho de las élites y son profundamente insolidarias con las personas más pobres, las personas migrantes, la comunidad LGTBI y las reivindicaciones feministas de equidad y fin de las violencias machistas.
Con estas reflexiones, la Confederación Intersindical hace un llamamiento a toda la ciudadanía, especialmente a las personas trabajadoras, para que se movilice de cara a cambiar ya las políticas que solo benefician a unas minorías, que reniegan de cualquier avance hacia la justicia social al tiempo que desconocen temas trascendentales como puede ser el cambio climático que amenaza con cambiar el futuro de la Humanidad.
Ahora nos toca a las ciudadanas y ciudadanos decidir qué queremos. Movilicémonos con nuestros votos y hagamos fructífera nuestra lucha.